Quien no se pronuncia sobre el destino dado a los fondos públicos comprometidos -en teoría- a combatir el drama del paro en la comunidad, no está legitimado para representar a los andaluces y, por tanto, para ejercer la presidencia de la Junta de Andalucía.

Básicamente, ésta es la tesis que defiende el PP-A que ayer, a través de su secretaria general, Dolores López, vino a manifestar una vez más su desaprobación por cómo está gestionando el Ejecutivo andaluz las explicaciones públicas ante los casos de corrupción.

En este sentido, López Gabarro aseguró ayer que el último auto dictado por la juez que investiga el caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE) irregulares, y en el que se imputa a otras 16 personas, entre ellas al ex secretario general de UGT-A Francisco Fernández Sevilla, avala la petición de su formación sobre la celebración de un pleno extraordinario del Parlamento andaluz, en el que se aborden de manera monográfica las causas abiertas en Andalucía .

En declaraciones a la prensa tras el acto de homenaje a Blas Infante en el Parlamento andaluz, la también alcaldesa de Valverde del Camino dijo que, "desgraciadamente y una vez más, vemos cómo la justicia pone de manifiesto ese saqueo y ese sangrado que ha habido del dinero de los parados y de los fondos públicos". En su opinión, Díaz "hasta el momento sigue sin dar respuesta, siendo una presidenta que huye de hablar del problema de los parados y también de cómo se han saqueado los fondos de los parados", un silencio que López interpreta porque de hablar implicaría actuar "contra su propio gobierno". Para la número dos de los populares andaluces, si Díaz evita dar cuentas sobre el paro, "principal problema de los andaluces", "no representa a los andaluces" y "sólo se representa a ella misma".