El ex consejero de Hacienda de la Junta Ángel Ojeda ha presentado un recurso ante el juez de Instrucción número 2 de Cádiz, al que solicita que mantenga su competencia para investigar las presuntas irregularidades en las ayudas que recibieron sus empresas y no sea la juez Mercedes Alaya la que lo investigue, al considerar que no se ha acreditado que esta magistrada esté investigando los mismos hechos. En un escrito presentado en el juzgado de Cádiz, el abogado Juan Carlos Alférez, que representa a Ángel Ojeda, considera que el auto dictado recientemente por el magistrado Miguel Ángel López Marchena inhibiéndose a favor de Alaya es "contrario a derecho y lesivo para los intereses" del ex alto cargo andaluz.

Dice el defensor que existe un "cierto caos o desorden definitorio" en torno a cuáles son con claridad los objetos procesales de ambas investigaciones y explica que las diligencias de la juez Alaya se han abierto por las presuntas irregularidades en la concesión de subvenciones excepcionales a las empresas AEA, Humanitas, Innova, Inteca y Natura -vinculadas a Ojeda- desde la "perspectiva del órgano concedente", por lo que la investigación se circunscribe a una actividad delictiva presunta en grado de cooperación necesaria de delitos cuya comisión viene reservada a funcionarios públicos, en alusión a los delitos de prevaricación y malversación.

En cambio, la investigación abierta en Cádiz tras el atestado remitido por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (Udef) de la Policía Nacional, el objeto de la misma son delitos cometidos no por el órgano concedente, sino por el "beneficiario de determinadas subvenciones en materia de formación, en concreto, por Humanitas, y presuntas irregularidades cometidas en la gestión y justificación de dichas subvenciones".

La defensa alega que en ningún caso en el atesto de la Udef "puede colegirse que se estén investigando en exclusiva subvenciones excepcionales tramitadas y concedidas directamente por el consejero de Empleo en su condición de presidente del Servicio Andaluz de Empleo (SAE), que es precisamente lo que la magistrada de Sevilla informa en su auto que es el objeto exclusivo de su investigación".