Seis meses después de que el Ayuntamiento de Granada cerrara con la ONG AIDE (Federación Internacional para el Desarrollo) la cesión por 40 años con derecho a compra de la Casa Ágreda, una delegación de trece granadinos se marchó a Rabat con todos los gastos pagados. Entre ellos, se encontraban los entonces concejales del equipo de gobierno Francisco Ledesma y Fernando Egea, miembros de la Universidad de Granada, un responsable de la orden hospitalaria de San Juan de Dios, la directora de la Agencia Albaicín, varios arquitectos de Granada y el responsable de AIDE en España y profesor de la Universidad de Granada, Francisco Javier Garrido, entre otros.

La delegación participó en la I Semana Hispano-Marroquí de Amistad y Cooperación que se organizó del 9 al 14 de noviembre, con todos los gastos pagados. Las jornadas versaron sobre la la paz y la convivencia, la cooperación con Marruecos o las intervenciones en el patrimonio hispano-musulmán. La presencia de los granadinos se justificó con la presentación de tres ponencias relacionadas con la protección ambiental de la Casa Ágreda y el Albaicín.

Una semana después de que el juzgado incoara diligencias previas para esclarecer en qué condiciones se hizo la adjudicacion de la Casa Ágreda, el coordinador del grupo municipal del PP en el Ayuntamiento de Granada, Juan Antonio Fuentes, ha confirmado que ningún concejal del PP ha sido citado a declarar como investigado en la causa judicial abierta. Fuentes explicó que la junta de gobierno local se nutre de los expedientes aportados por cada área del Ayuntamiento, tramitados en el seno de la gestión individual de cada concejal de gobierno. "En el caso de la Casa Ágreda, no fue más que eso, un expediente cuyo trámite se inició desde el área de Urbanismo", aclaró. "Pocas responsabilidades tenemos que depurar en nuestra formación política puesto que ni José Torres Hurtado ni Isabel Nieto -ex alcalde y ex edil de Urbanismo, respectivamente-forman parte del grupo municipal del PP y ambos están suspendidos de militancia", dijo.

La Casa Ágreda es un inmueble municipal situado en el Albaicín que fue cedido por 40 años a AIDE con una opción de compra a cambio de su rehabilitación. Según la Fiscalía, el inmueble pasaría a ser propiedad de la ONG por 1,8 millones de euros, cantidad que estaría "muy por debajo" de la tasación del Ayuntamiento, que lo valora en hasta seis millones.