El juicio del llamado caso Nilo por los 277 fraudes de la lotería nigeriana comienza con 87 condenas y, por el momento, sólo con 16 personas en el banquillo. La Fiscalía Anticorrupción logró ayer que 87 acusados aceptaran las penas, después de que retirara los cargos por asociación ilícita y rebajara de siete años a 23 meses y 15 días la petición de cárcel por estafa en concurso con falsedad.

La mayor parte de los condenados no tendrán por qué pisar la prisión. En primer lugar porque si no tienen antecedentes penales e indemnizan a las víctimas en los importes que determine el tribunal podrán beneficiarse de la suspensión de la condena prevista en la ley para sentencias inferiores a los dos años de prisión y, en segundo lugar, porque casi todos cumplieron entre seis y nueve meses de reclusión preventiva cuando fueron detenidos. No obstante, aquellos que estén en el país sin contar con los preceptivos permisos podrán ser expulsados.

El caso Nilo tiene 168 procesados, aunque 55 de ellos huyeron con anterioridad y la Justicia no ha podido sentarlos en el banquillo. Otros nueve, aunque habían sido localizados por el tribunal y estaban citados, tampoco acudieron ayer a la vista, de ahí que el fiscal Francisco Jiménez-Villarejo pidiera al tribunal de la Sección Novena de la Audiencia que ordenara su busca y captura. No obstante, tres de ellos han justificado a través de sus abogados que su ausencia obedece a problemas de salud y otro imputado no compareció porque está preso y no había sido trasladado desde el centro penitenciario.

En cualquier caso, el banquillo de la Sección Novena congregó ayer a 103 acusados, una cifra récord en la historia judicial española que puso a prueba y con éxito la capacidad organizativa de la sala.

Salvo una mujer española, todos los acusados son extranjeros, fundamentalmente de nacionalidad nigeriana, de ahí que fuese necesario un servicio de traducción simultánea para que los imputados pudieran entender lo que se decía en el transcurso de la vista y también para que el tribunal comprendiera sus respuestas cuando les preguntaba si aceptaban o no la oferta de acuerdo del fiscal.

Además, varios de ellos no han contado con abogado hasta horas antes del inicio del juicio, cuando se les ha proporcionado asistencia jurídica de oficio. El presidente del tribunal, Enrique Peralta, se mostró paciente y comprensivo con los acusados. Permitió, por ejemplo, que una acusada respondiera a sus preguntas con un bebé en brazos, una imagen absolutamente atípica en una vista oral, y le explicó paciente a otro imputado, quejoso por el tratamiento que recibía en un procedimiento diferente, que él no podía hacer nada porque aquella no es su causa. Peralta incluso se disculpó ante los procesados por no ser capaz de pronunciar debidamente sus nombres.

En definitiva, el golpe de efecto de la Fiscalía Anticorrupción al cerrar el primer día de vista oral con 87 condenas ha diluido lo que se esperaba que iba a ser un macrojuicio de difícil dirección en el que hasta había problema de espacio para instalar a la totalidad de los imputados. Por el momento, la causa se reanudará el 15 de diciembre con 16 acusados, entre los que figuran algunos imputados que en principio están dispuestos también a acogerse al pacto con el fiscal, aunque ayer no lo pudieron formalizar por no tener abogado. Además, cabe la posibilidad de que alguno de los diez ausentes citados comparezcan ese día y que incluso se muestren proclives al trato.