El abogado sevillano José María del Nido, condenado a siete años de prisión en el caso Minutas, sobre las irregularidades en los encargos realizados por el Ayuntamiento de Marbella, solicitará al Gobierno su indulto por "motivos personales y humanitarios" y, para ello, ha iniciado una campaña de recogida de firmas. Según ha informado la empresa de comunicación Oclisé en una nota, dada la "cantidad de muestras de adhesión a su petición que ha recibido espontáneamente", el ex presidente del Sevilla FC ha abierto una cuenta de correo electrónico, indultodelnido@gmail.com, para todas aquellas personas que quieran recibir información y solidarizarse con su solicitud de indulto al Gobierno.

El abogado entiende que su ingreso en prisión "no va a reportar ningún beneficio a la sociedad" y sí un "grave perjuicio" a los trabajadores que dependen de su actividad profesional y a su familia. En ese sentido, argumenta que es padre de familia numerosa, con hijos menores de edad. Del Nido considera que no es necesario que pase por la cárcel para conseguir su reinserción ya que los once años transcurridos desde la comisión de los hechos, en 2002, acreditan su "plena integración en la sociedad, fin último y principal del ingreso en la cárcel".

Pese a que admite que "las cosas se podrían haber hecho de forma diferente", por lo que asume la condena, ha aseverado que "tiene afianzado con inmuebles la reparación económica del daño, es decir, devolver hasta el último euro". "En ningún momento Del Nido trata de eludir su responsabilidad civil tal y como la sentencia así lo dicta", concluye.

El pasado día 19 la Audiencia de Málaga declaró la firmeza de la sentencia del caso Minutas y requirió a Del Nido a que en un plazo de 30 días pague la responsabilidad civil, fijada en 2,7 millones de euros, e ingrese voluntariamente en prisión. Esta resolución, que no es firme y contra la que se puede interponer recurso de súplica, algo que ya ha anunciado el abogado del ex presidente del Sevilla, se dictó una vez que el Tribunal Supremo resolvió los recursos de casación presentados contra la sentencia de la Audiencia de Málaga, dictada en diciembre de 2011. El alto tribunal redujo la pena impuesta en su momento al letrado hasta los siete años de prisión por los delitos de malversación y prevaricación, quitándole el de fraude. 

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