Un mes después de haberlo anunciado, la Junta emprenderá por fin acciones legales para el "resarcimiento" de los daños ocasionados por el New Flame en la costa andaluza. Una reclamación judicial que no sólo se restringirá a Gibraltar y al Reino Unido, en este caso ante la Unión Europea, sino que también afecta a las compañías naviera y aseguradora del buque chatarrero siniestrado. El consejero de la Presidencia, Gaspar Zarrías, justificó ayer la tardanza en iniciar el proceso -seis meses después del accidente y un mes después de su anuncio- en que hasta ahora se ha estado haciendo acopio de documentación y seguimiento a la operación de rescate, siendo ahora el "momento oportuno" para dar este paso.

La falta de diligencia de las autoridades gibraltareñas y, por ende el Reino Unido, llevará a la Junta a presentar un "recurso de inacción" ante la Comisión Europea para que inste a este país a que cumpla sus obligaciones en materia de seguridad en el transporte marítimo y de prevención ante cualquier atentado contra el medio ambiente. Zarrías recordó que los ofrecimientos de los Gobiernos central y andaluz para emprender actuaciones "rápidas y coordinadas" para resolver la situación del New Flame no han contado con una respuesta positiva por parte de Gibraltar, cuya actitud contrapuso a la diligencia de la Junta. El número dos del Ejecutivo autonómico tampoco quiso pasar por alto la "irresponsabilidad" del ministro principal gibraltareño, Peter Caruana, al intentar minimizar los efectos del hundimiento del barco.

Desde la premisa de que el Ejecutivo andaluz "no va a consentir en ningún que caso los andaluces paguen nada que no les corresponde", Zarrías explicó que se recurrirá a la vía civil para exigir responsabilidades al armador y a la aseguradora. La fórmula será un requerimiento para que éstas afronten el coste económico de las operaciones de limpieza y coordinación asumidas por la Junta y que, hasta ahora, ascienden a más 100.000 euros.

Este último movimiento de la Junta no ha convencido sin embargo a la oposición, que no ha dudado en meter en el debate electoral lo que considera mala gestión del Gobierno autonómico y del español. Ayer, dos de los pesos pesados del Partido Popular, su secretario general, Ángel Acebes, y su portavoz en el Congreso, Eduardo Zaplana, arremetieron contra el PSOE por este asunto.

Acebes se preguntó "dónde está" la plataforma Nunca Más y el PSOE "protestando" por el derrame de fuel en la Bahía de Algeciras, "una zona de altísimo valor ambiental", seis meses después de una "negligencia inexcusable y culpable". Zaplana también se refirió a esta situación en los mismos términos y puntualizó que ésta debería "avergonzar" al actuar el PSOE de "forma demagógica". "Han tenido un poquito de tiempo para preverlo y ahora es cuando se acuerdan", dijo.

En Algeciras, el secretario general del PP-A y candidato al Parlamento andaluz por Cádiz, Antonio Sanz, anunció la intención de su partido de "acudir a la Unión Europea y denunciar tanto a Gibraltar como a los dirigentes de Andalucía y España".

El PP también se esforzó por lanzar a sus simpatizantes a la calle en protesta por lo ocurrido y un centenar de vecinos de Fuengirola -donde gobierna Esperanza Oña- se desplazaron a las playas de La Concha y El Rinconcillo de Algeciras para protestar por "la desidia, la incapacidad política y el desinterés absoluto de Chaves y Zapatero".

"Esto no es el Prestige", respondió el consejero de la Presidencia, Gaspar Zarrías. Según él, el "gran problema de la derecha es que desea que ocurra algo grave". "Se frota las manos, en vez de colaborar con la Junta para evitar cualquier tipo de problema", añadió el consejero.

El coordinador regional de IU, Diego Valderas, pidió al Ejecutivo andaluz que "sea humilde y que no siga con esa política de triunfalismo". Valderas aseguró que tanto la Junta como el Gobierno conocen la carga que lleva el barco y reclamó que se haga pública esta información. Para Julián Álvarez, de Coalición Andalucista, la actitud de los gobiernos español y del andaluz de culpar del vertido a las autoridades gibraltareñas supone un reconocimiento de su soberanía sobre esas aguas, lo que choca con la interpretación del Tratado de Utrecht.