La consejera de Hacienda, María Jesús Montero, cree que fue el Gobierno del que forma parte quien abrió el camino a la recuperación de derechos de los funcionarios con la recuperación de la jornada laboral de 35 horas semanales. Lo dijo ayer, ahora que el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, ha pactado esa misma medida con los sindicatos. Pero la política sevillana discrepa de la letra pequeña del acuerdo del Ejecutivo central, que fía reducción de jornada al cumplimiento de los objetivos de déficit impuestos por Bruselas.

Montero aseguró que el Gobierno andaluz no comparte que "para que al final se pueda negociar la jornada laboral sea el Gobierno el que tiene que certificar el cumplimiento de esos acuerdos", que incluyen la regla de gasto, donde la Junta tiene "una discrepancia profunda" con el Ejecutivo central respecto a la forma en que la calcula.

"Por otra parte, con un compromiso de Rajoy que no ha cumplido de cambiar su metodología; hasta que eso no se produzca probablemente no dé el Gobierno de España el visto bueno para que se pueda comenzar, en nuestro caso no las negociaciones porque estaba negociado, sino la vuelta al decreto anterior, previo a la ley que aprobó el Parlamento andaluz, previa a tener que buscar esta solución transitoria", apostilló la consejera.

Concretamente, el acuerdo entre el Gobierno central y los sindicatos recoge que se podrá recuperar la jornada de 35 horas semanales (18 horas lectivas en la Educación) en aquellas administraciones que cumplan los objetivos de estabilidad fijados por Hacienda. Una vez que se formalice, cada administración podrá establecer a través de la negociación colectiva esta jornada, eso sí, siempre y cuando en el ejercicio presupuestario anterior se hubieran cumplido los objetivos en materia de estabilidad presupuestaria.

La titular de Hacienda y Administración Pública insistió en que Andalucía "ha marcado una senda" que ha sido "seguida por el Gobierno de España y las organizaciones sindicales" respecto a la recuperación de derechos en materia de jornada y sin la cual "no sería posible" que esto pudiera trasladarse al resto del país y al conjunto de las administraciones públicas.

Por otra parte, Montero garantizó ayer que todos los contratos públicos de la Junta incluyen cláusulas sociales y medioambientales para garantizar el cumplimiento de los convenios colectivos vigentes en cada sector. Esta medida pretende favorecer la puesta en marcha de planes de igualdad y minimizar los efectos de la reforma laboral, aseguró la titular de Hacienda.

La Consejería de Hacienda elaboró una guía que detalla las cláusulas sociales de obligado cumplimiento que deben aparecer en los pliegos que rigen en todas las licitaciones de la Junta y, además, recoge recomendaciones que pueden establecerse en función del objeto del contrato que se vaya a adjudicar. Según explicó, se trata de mantener los principios de la contratación pública -libertad de acceso a las licitaciones, publicidad y transparencia de los procedimientos, no discriminación e igualdad de trato ente los candidatos, y eficiencia en el uso de los recursos-, pero dirigidos hacia objetivos comunes como son un "crecimiento inteligente, sostenible e integrador".