Andalucía

Montero prioriza ahora la reforma de la financiación autonómica

  • La ministra de Hacienda anuncia la reactivación de los trabajos tras la formación del Gobierno, pero no pone ningún plazo para su final

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, flanqueada por Lucrecio Fernández, delegado del Gobierno, e Irene García, presidenta de la Diputación de Cádiz. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, flanqueada por Lucrecio Fernández, delegado del Gobierno, e Irene García, presidenta de la Diputación de Cádiz.

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, flanqueada por Lucrecio Fernández, delegado del Gobierno, e Irene García, presidenta de la Diputación de Cádiz. / Julio González

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La reforma del modelo de financiación autonómica, que cumple ahora 10 años de vigencia –y cinco caducado– ha vuelto al tablero político andaluz, pero también al estatal. Sólo cuatro días antes de que el Parlamento andaluz debata una iniciativa del PP en este sentido, la ministra responsable, a día de hoy, de esta remodelación asegura que es una “prioridad” para el Gobierno en funciones.

Por lo tanto, lo será para el futuro gabinete que presida, con casi toda probabilidad, Pedro Sánchez. La duda está en averiguar si será María Jesús Montero quien pilote el proceso para crear un nuevo sistema de reparto de fondos estatales entre las comunidades del régimen común, es decir, todas menos el País Vasco y Navarra.

Montero fue quien ayer retomó esta reforma, reclamada por el Gobierno socialista de Susana Díaz tras la debacle de la líder andaluza en las primarias de su partido, en mayo de 2017. Después, al coger el AVE a Madrid, Montero se convirtió en la diana de unas reclamaciones cada vez más prudentes. Hasta que Pedro Sánchez tumbó las expectativas. No habría reforma en una legislatura que se preveía corta. Tan corta que acabará el próximo martes 21 de mayo.

Las excusas que el presidente en funciones dio el verano pasado en el Senado para aplazar la reforma de la financiación fueron el tiempo y la dificultad que había para llegar a un acuerdo de tal calibre. A pesar de aquel jarro de agua fría, los trabajos no se detuvieron.

Montero organizó en septiembre una reunión de carácter político –a la que acudió por primera vez un representante de Cataluña–, aunque nueve meses después insiste en que “ahora toca el acuerdo político” tras finalizar los “trabajos preparatorios”. “Espero que [la negociación] cuente con la generosidad de todos los territorios”, dijo Montero, consciente de que el futuro gobierno tendrá una posición más fuerte que el saliente.

El pacto andaluz sobre financiación autonómica

Son muchos los gobiernos autonómicos –de un signo y otro– que abogan por remodelar el reparto de fondos estatales que sirven para que el autogobierno de las regiones sea efectivo. El Ejecutivo bipartito PP y Ciudadanos en Andalucía es uno de esos.

Además, Andalucía cuenta con una particularidad y es que casi todo el arco parlamentario apoyó en 2017 un documento para solicitar una nueva financiación autonómica más justa para la comunidad.

Montero conoce muy bien este acuerdo –del que sólo se desmarcó Ciudadanos–, pues está detrás de su redacción, en estrecha colaboración con Podemos e IU, entonces sin coalición de por medio. Juanma Moreno, entonces en la oposición, también apoyó el informe, donde se reclamaban 4.000 millones más para Andalucía en ese reparto anual de fondos del Estado.

Casi dos años después de aquel amplio consenso en el antiguo Hospital de las Cinco Llagas, es el presidente popular de la Junta quien pide al PSOE de Susana Díaz, en la bancada de enfrente, que “no se desmarque” de un hipotético nuevo acuerdo que venga a actualizar el anterior. En la proposición no de ley que el PP defiende el jueves en el Pleno se presiona hasta el punto de que aspiran a tener lista la nueva financiación para 2020, pero Montero no dijo ayer nada de fechas.

“Tiene que ser un modelo de consenso”, aseguró en Cádiz la ministra en funciones y diputada socialista, que aludió precisamente a los principios del acuerdo andaluz: “Los servicios públicos, la educación, la sanidad y la dependencia tienen que estar blindadas financieramente”. En el documento del Parlamento regional se hablaba de una inversión del 7% en sanidad, el 5% en educación y el 2% en servicios sociales, todo ello financiado con una mayor cesión de ingresos fiscales de la Administración central a la autonómica.

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