Acusaciones de prevaricación y advertencia de querella ante los tribunales penales. La Mesa del Parlamento estalló ayer después de que ésta volviera a impedir que dos proposiciones de ley de PP y de Podemos pudieran discutirse en el Pleno. Todos los partidos de la oposición en este organismo, menos Ciudadanos, dejaron constancia en acta de que sus compañeros podrían estar prevaricando. Esperanza Oña, del PP, y José Antonio Castro, de IU, han solicitado al letrado mayor un informe sobre esta posibilidad penal, mientras que Juan Moreno Yagüe, de Podemos, anunció que irá a los tribunales cuando tengan las actas de las reuniones. La temperatura subió por encima de la fecha que marca el fin del verano. "Todo esto se debe al carácter imberbe del grupo de Ciudadanos y a su obediente presidente", aseguró el líder de IU, Antonio Maíllo, mientras que el podemita Juan Moreno Yagüe sentenció: "Ciudadanos está enamorado, como la Infanta".

El lío jurídico, en realidad, no es tal; más allá de unas dudas que no deberían ser tales, lo que se impone es una mayoría débil (la del PSOE con la abstención de Ciudadanos) frente a una oposición que no es mayoritaria, de lo cual resulta, encima, un empate. Todo arranca porque el Gobierno está habilitado por el Estatuto para vetar aquellas proposiciones de ley de la oposición que puedan alterar los ingresos o los gastos fijados en el Presupuesto. ¿Al actual o al venidero? Todo indica que el que está en vigor; en este caso, el de 2015, y así lo opina el letrado mayor del Parlamento y algunas sentencias del Tribunal Constitucional en relación a un caso de la Cámara autonómica valenciana. Pero el Gobierno andaluz ha vetado dos proposiciones de ley que entiende que afectarían al diseño del Presupuesto de 2016, del que aún no hay ni proyecto de ley. Una es del PP, y solicita la bonificación total del impuesto de sucesiones y donaciones, y la otra, de Podemos, sobre la publicidad de los movimientos de cuentas de la administración. El propio reglamento de la Cámara prevé que haya discrepancias entre el Gobierno y la Mesa, por lo que resuelve que si las hay conflicto pase a Pleno para que sea éste el que resuelva qué hacer. El problema consiste en saber ahora si hay discrepancia o no, porque la Mesa viene votando tres en contra del Gobierno (PP, Podemos e IU) contra tres del PSOE y la abstención del diputado de Ciudadanos. ¿El empate es una discrepancia o una aceptación? Pues no se sabe del todo. Y, de este modo, las proposiciones de la oposición que el Gobierno decide vetar permanecen bloqueadas en la Mesa sin que puedan pasar al Pleno. Y así llevan casi cerca de un mes. Ni se rechaza ni pasa al Parlamento.

La oposición opina que los miembros del PSOE y de Ciudadanos están bloqueando la labor legislativa de un Parlamento donde el Gobierno se encuentra en minoría. El PSOE teme que un acuerdo de la oposición les obligue a aceptar leyes con las que no están de acuerdo y que, de algún modo, le condicione el próximo Presupuesto hasta hacerlo impracticable. El uso del parlamentarismo racionalizado, que modera los usos de las Cámaras legislativas, sí prevé que los gobiernos puedan vetar aquellas iniciativas que supongan una alteración de las cuentas en vigor, pero no más. Lo otro, lo que ahora ocurra en la Cámara andaluza, es que hay un Gobierno sustentado por una mayoría insuficiente y que, por tanto, puede perder votaciones muy importantes, éste es el riesgo de esta legislatura si los socialistas no terminan de fraguar un acuerdo general con Ciudadanos.

El asunto se viene discutiendo ya desde hace un mes, y en ocasiones Ciudadanos ha argumentado que su abstención se debe a un informe del anterior letrado mayor que, en realidad, no existía. Al ser preguntado el actual letrado mayor por este asunto en la reunión pasada de la Mesa, éste dijo: "Aunque el tema no ha sido demasiado tratado por la doctrina científica, existen estudios solventes, cuyo criterio comparte, que entienden que a las iniciativas legislativas de origen parlamentario que difieren (…) a ejercicios presupuestarios posteriores no deben resultarles de aplicación el denominado veto presupuestario, justamente por no afectar al presupuesto en vigor."

El presidente del Parlamento, Juan Pablo Durán, dictó ayer una proposición de resolución en la que obligaría a los grupos a presentar sus iniciativas junto a una memoria económica y su posible impacto en el Presupuesto, que realizarían los letrados de la Cámara. Otra condición es que el Consejo Consultivo se debería pronunciar sobre las iniciativas, lo que debería de ocurrir en el plazo de 15 días.