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Andalucía

La Mesa de partidos resuelve a medias los casos de transfuguismo

  • Un comité de expertos analizará los casos de Chiclana y El Puerto de Santa María · Pacto para no aceptar en listas electorales a los ediles de Castril y Santiago Pontones

La Comisión de Seguimiento del Pacto Antitransfuguismo, que se reunió ayer en la sede del Ministerio de Administraciones Públicas en Madrid, consideró tránsfugas a los concejales del PP denunciados en Santiago-Pontones (Jaén) y Castril (Granada) y ha encargado al comité de expertos que dictamine si los ediles del PSOE beneficiarios en cada uno de los casos también han incurrido en transfuguismo.

La mesa, celebrada bajo la presidencia de la ministra Elena Salgado y cuya reunión se alargó durante más de tres horas, decidió enviar al comité de expertos los casos de Chiclana y El Puerto de Santa María, ambos en Cádiz, por no llegarse a un acuerdo unánime. Estos expertos tendrán que posicionarse al respecto antes del próximo junio.

En el caso de Chiclana, la clave estuvo en que la representante de IU defendió que los tres ediles de su partido afectados aún no pueden ser considerados tránsfugas, habida cuenta de que los expedientes sancionadores inetrnos no han quedado resueltos por el momento. Tampoco hubo acuerdo sobre El Puerto, en manos del PP después de que el ex-acalde Fernando Gago, de Independientes Portuenses (IP), dejara su partido y se aliara con los populares tras garantizarse el cargo de segundo teniente de alcalde. Para algunos dirigentes políticos, Gago sí debe catalogarse como tránsfuga, ya que, al abandonar IP e integrarse en el gobierno municipal, ha posibilitado la mayoría absoluta para el alcalde Enrique Moresco (PP). Sin embargo, surgieron voces discordantes que consideraron que las urnas dieron al PP una mayoría amplia en El Puerto y que, aunque  estuviera en la oposición, Gago en ningún caso se uniría a PSOE, IU e IP para forzar un cambio de gobierno.

Los partidos que conforman la Mesa Antitransfuguismo, creada  en mayo de 2006 por todos los grupos parlamentarios, se comprometen a no incluir en sus listas electorales a quienes se declaren desleales a su formación.

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