El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), Augusto Méndez de Lugo, ha señalado hoy que le "chirría" mucho que los jueces puedan ejercer el derecho a la huelga, al considerar que constituyen un poder del Estado en el ejercicio de sus funciones jurisdiccionales.

"Yo desde luego nunca lo ejerceré, jamás", ha advertido Méndez de Lugo, quien ha expresado esta opinión, según ha explicado a los periodistas durante su visita en la Real Chancillería de Granada a la exposición "La Justicia es cosa de todos", "con todas sus consecuencias".

El presidente del alto tribunal andaluz ha recordado que la Constitución prohíbe a jueces y magistrados pertenecer a partidos políticos o sindicatos, pero sí les permite asociarse.

En este sentido, ha considerado que son precisamente las asociaciones profesionales las que puede ser "plataformas reivindicativas" del colectivo en cuanto a sus derechos, obligaciones, retribuciones o medios materiales.

"Lo demás creo que está fuera de juego", ha comentado Méndez de Lugo, quien ha añadido que si el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) concluyera que los jueces y magistrados no tienen derecho a huelga los que ejerciten ese derecho, que ya no sería tal, violarían un mandato del órgano supremo de Gobierno que los rige.

Por otra parte, preguntado sobre la situación general de la justicia, ha admitido que el modelo judicial "no sirve" y que por tanto habría que adoptar "todo tipo medidas" con reformas legislativas.

"Los jueces y magistrados tienen una alta dosis de sensatez y, por tanto, son conscientes de que esto no es una cuestión que se puede arreglar en cuestión de meses. La justicia necesita esa reforma pero tiene que ser hecha desde la serenidad", ha declarado el presidente del TSJA.

A su juicio, el cambio es "tan necesario" y ha de ser "tan profundo" que esta cuestión no se puede solucionar "a la ligera" y para ella se necesitarán al menos dos legislaturas.

A modo de ejemplo ha comentado que, pese a que se habla de que en España hacen falta al menos 1.500 magistrados, si se crea una nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal y se establece que sean los fiscales los que tengan que instruir, sobrarían entonces jueces de Instrucción.