La Dirección General de Administración Local, englobada dentro de la macroconsejería que dirige Juan Marín, quiere controlar la gestión de la ley de Participación de las Entidades Locales en los Tributos de la Comunidad Autónoma de Andalucía (Patrica). De conseguirlo, sería el vicepresidente el encargado de gestionar el traspaso a las entidades locales de los 480 millones de euros anuales que, desde 2012, la Junta traslada a los ayuntamientos en virtud a la Patrica.

De conseguirlo, Marín también heredaría la deuda de 780 millones de euros que resulta de la suma del dinero que la Junta debería haber transferido a los municipios de cumplir la norma que regula la Patrica. Esa legislación es, precisamente, el principal obstáculo para que Marín consiga su objetivo, pues establece que debe ser la consejería con las competencias en Hacienda la que gestione este dinero incondicionado que la Administración regional cede a los ayuntamientos.

En el reparto del Gobierno bipartito de Juanma Moreno, Hacienda, con Industria y Energía, cayó del lado del PP. Es Juan Bravo quien debe consignar los 480 millones que se vienen pagando o, de cumplir el pacto entre populares y naranjas, aumentar la dotación para acercarse a los 600 millones que deben abonarse cada año. Sin contar con la deuda. Bravo hereda esta responsabilidad de los consejeros socialistas de Hacienda que pasaron por el cargo desde la creación de la Patrica: Carmen Martínez Aguayo, María Jesús Montero y Antonio Ramírez de Arellano.

Para que fuera Juan Marín, como consejero de Administración Local, quien gestionase la Patrica, habría que cambiar la ley. Ni siquiera Diego Valderas controló estos fondos durante el tiempo que fue vicepresidente en el Ejecutivo de coalición de PSOE e IU entre 2012 y 2015. En parte de aquel mandato, su director general de Administración Local fue el hoy portavoz de Adelante Andalucía y líder de la federación de izquierdas, Antonio Maíllo.

Joaquín López-Sidro es quien dirige ahora el departamento. Procedente del Ayuntamiento de Huétor-Vega, donde era concejal de Ciudadanos, el nuevo director general llega al cargo con la intención de acercarse a la gestión diaria de los municipios. Que fuera este departamento quien controla los fondos de la Patrica permitiría eliminar determinadas convocatorias de subvenciones que, actualmente, se ponen e marcha para cubrir gastos ordinarios.

“Habría que aumentar la dotación de la Patrica”, vaticina López-Sidro, sin aclarar si la ampliación sería hasta los 600 millones anuales que establece la ley actual o ir más allá. “Permitiría que las subvenciones se dedicaran sólo gastos extraordinarios”, sentencia el alto cargo naranja.

Con el control de un departamento con un presupuesto que ronda los 80 millones de euros, López-Sidro ha comenzado su andadura con programas de formación para los ayuntamientos con vistas a las próximas elecciones municipales. El objetivo es asesorar a los trabajadores municipales, como los interventores o los secretarios, para que cuenten con la Administración regional como una aliada.

López-Sidro dirige también los trabajos de implantación de Cepal, el Catálogo Electrónico de Procedimientos de la Administración Local, que permitirán acabar con el papel en más de 600 trámites de empresarios y ciudadanos con ayuntamientos y diputaciones. Destaca también un nuevo modelo de gestión del Plan de Fomento del Empleo Agrario (PFEA), el antiguo PER, y una revisión del funcionamiento de las entidades locales autónomas.