El padre de Mari Luz Cortés, Juan José Cortés, exigió ayer al Gobierno que las entidades que trabajan con menores -colegios, ONG o asociaciones- tengan acceso al Registro Central de Penados y Rebeldes, en el que se integrará la información relativa de los pederastas, que está reservado exclusivamente a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado. También anunció que el próximo 21 de junio habrá una manifestación en Madrid para pedir la cadena perpetua para estos delincuentes.

Para Cortés, sería una medida "intermedia" entre el acceso público a las listas de los agresores sexuales y el restringido a la Policía, así como "imprescindible" para salvaguardar la identidad de los menores y evitar que los pederastas se encuentren en el entorno de los niños.

Santiago del Valle, detenido como presunto autor de la muerte de la pequeña, "estaba inscrito en el colegio de mi hija", recordó el padre de Mari Luz en la presentación de los resultados de la encuesta El Barómetro de la Familia sobre el estado de opinión de la sociedad española frente a los delitos de pederastia, realizado por la revista Padres y Colegios. Según el sondeo, que ha recogido la opinión de 1.000 personas, más del 80% de los españoles están a favor de la cadena perpetua para los pederastas. Además, destacan que la opinión apenas varía entre los que tienen hijos en edad escolar y los que no los tienen.

A pesar de reconocer el "cansancio físico y psicológico" que sufre la familia de la menor tras recorrer España para recoger las más de 1.200.000 firmas a favor de la cadena perpetua para los condenados por acoso sexual a menores, Cortés quiso manifestar su intención de "proseguir" con su iniciativa para que "la sociedad exija al Gobierno lo que debe hacer con estos criminales" e "intentar, con ésto, que Mari Luz sea la última víctima".

Juan José Cortés calificó de light las medidas aprobadas la semana pasada en el pleno del Congreso, sobre la elevación de las penas de los agresores sexuales de menores y desvalidos y la integración de estos delincuentes en los registros de la Policía, ya que, a su juicio, "los políticos quieren que los pederastas paguen una pena mínima, por encima de los derechos de la víctima".