El equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Marbella, integrado por PSOE, IU y Opción Sampedreña, negó ayer que la anulación del PGOU de 2010 por el Tribunal Supremo vaya a suponer la paralización del urbanismo en el municipio y anunció que se seguirá operando con el de 1986. El alcalde, José Bernal, consideró la anulación del plan vigente como una "cuestión de Estado" por lo que espera que todos los partidos de la corporación aúnen esfuerzos, y coordinará acciones con la Junta para actuar de forma conjunta y consensuada. El equipo de gobierno, a través de las asesorías jurídicas y técnicas, analizará primero las sentencias y tratará de subsanar los errores que plantea el Supremo, por lo que descarta por el momento iniciar la elaboración de un nuevo plan urbanístico.

Bernal reconoció que desconocía que el PGOU de 2010 carecía de informe medioambiental y de sostenibilidad económica por lo que los técnicos municipales trabajarán de forma prioritaria en la elaboración de dichos documentos. El regidor trasladó "tranquilidad y estabilidad" respecto a todas las licencias otorgadas hasta la fecha al entender que son firmes y que se ajustan a derecho e insistió en que "no se va a buscar culpables, sino soluciones".

Por su parte, Manuel González Fustegueras, el urbanista encargado de redactar el PGOU aseguró ayer que este planeamiento era "oportuno, legal y bueno". Según el urbanista, el documento debía devolver a Marbella seguridad jurídica y supuso la regularización de 16.500 viviendas construidas ilegalmente durante 16 años de gobiernos del GIL, que ahora "están en peor situación que antes".