El secretario general del sindicato Manos Limpias, Miguel Bernard, ha ratificado este jueves en el juzgado de Instrucción número 9 de Sevilla la denuncia contra UGT-A en relación las presuntas facturas falsas con las que se pagaron comidas y fueron justificadas en las subvenciones concedidas para esta organización con otro fines.

Bernad ha afirmado que el sindicato presentará una querella por estos mismos hechos y solicitará la acumulación en el mismo juzgado de las cinco ampliaciones de la denuncia que han realizado en las últimas semanas y que han recaído en diferentes juzgados de Sevilla, después de que el juez de Instrucción número 9 se negara a acumular todas las denuncias por considerar que los hechos denunciados no tienen conexidad con las diligencias previas abiertas en este órgano.

De otro lado, Miguel Bernad ha querido respaldar la actuación "impecable e independiente" de la juez Mercedes Alaya en la instrucción del caso de los ERE, que ha calificado como “un gran fraude de más de 1.200 millones, y ha tachado de “intolerable” que la Fiscalía Anticorrupción haya impugnado el auto de la juez en la que preimputó a los ex presidentes de la Junta Manuel Chaves y José Antonio Griñán.

Sobre los incidentes producidos en las últimas declaraciones de altos cargos ante la juez Alaya, Bernad ha señalado que están estudiando presentar una queja ante el colegio de abogados por la actuación “reprobable” del abogado José María Mohedano, que defiende a los ex directores generales de Presupuestos, al estimar que la misma sobrepasa los “límites de la cortesía y el juego limpio”.

Por último y con respecto al caso Nóos, el secretario general de Manos Limpias ha anunciado en unos 15 días el sindicato va a volver a pedir, por cuarta vez, la imputación de la Infanta Cristina.

El juzgado de Instrucción número 9 de Sevilla, el primero en recibir una denuncia de Manos Limpias, el pasado 13 de agosto, resolvió recientemente rechazar la acumulación de las denuncias que recayeron en los otros cuatro juzgados, al estimar que los hechos no tienen conexidad al tratarse de "hechos diferentes" a los descritos en la denuncia inicial.

Otros juzgados que también investigan el posible desvío de las subvenciones para fines distintos a los que se concedieron son los número 5, 19 y 4, mientras que una última denuncia está en el decanato de los juzgados de Sevilla, que ahora debe repartirla a otro juzgado de Instrucción.

El juzgado número 9 investiga la denuncia contra los responsables de UGT-A por falsear presuntamente facturas para pagar pancartas y publicidad para la huelga general del 29 de septiembre de 2010 y para gastos de funcionamiento, cuando los fondos se hallaban vinculados a la formación de desempleados o cursos de formación para celadores sanitarios. En el juzgado número 5 ha recaído otra denuncia de Manos Limpias del 20 de agosto contra los dirigentes de UGT-A por el uso de contratación eventual de adolescentes, mientras que el juzgado de Instrucción número 19 tramita otra denuncia por cargos de comida a la Junta y el pago de sobresueldos. Esta denuncia fue presentada el 23 de agosto.

En el juzgado número 4 se investiga una denuncia del 27 de agosto contra UGT-A por haber justificado gastos de una asamblea con CCOO como ayuda a mujeres discriminadas, o haber cargado a la Junta el pago de una cena para 150 personas en la caseta de la Feria de Abril de 2010. El decanato tiene que repartir la última denuncia presentada, que tiene fecha del pasado 7 de septiembre, en relación con la facturación de un convite y la indemnización de un ERE de 159 empleados.

A estas denuncias se suma la presentada por el representante de Unión, Progreso y Democracia (UPyD) en Andalucía, Martín de la Herrán, dirige su denuncia contra el secretario general de UGT-A, Francisco Fernández, y su antecesor, Manuel Pastrana, así como otros dos representantes sindicales, y contra la Junta de Andalucía. La denuncia incluye a la secretaria de administración de UGT, Pilar Orellana, y al vicesecretario Federico Fresneda, y considera que los hechos denunciados pueden ser constitutivos de delitos de malversación de caudales públicos, falsedad documental y fraude de subvenciones.

UPyD había pedido a la Fiscalía la práctica de diligencias encaminadas a dilucidar si la Junta podría haber incurrido en responsabilidad penal por “negligencia u omisión en el debido control de los fondos públicos y su destino (máximo al tratarse de fondos finalistas), por parte del funcionario correspondiente”, ya que la denuncia se dirige igualmente contra los responsables en la "gestión y tramitación de las subvenciones" concedidas por la Administración autonómica a UGT.

La formación política denunció, en concreto, una factura de 12.716,23 euros correspondiente a una cena para 150 personas en la Feria de Abril de 2010 y que fue justificada en el marco de la subvención de 700.000 euros abonada al sindicato para “manutención y alojamiento” de miembros sindicales implicados en negociaciones colectivas.

También se incluye el pago de 5.428 euros en concepto de "diseño y rotulación del bus de la huelga", en alusión a la huelga genera del 29 de septiembre contra el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, para cuya promoción UGT-A habría encargado la rotulación de un autobús que recorrería diversas localidades andaluzas para animar a los trabajadores a secundar el paro. En la factura se cambió el concepto por el de “publicidad de los programas de desarrollo de acciones de Formación Profesional para el Empleo dirigidos a personas desempleadas”, si bien en la factura seguía apareciendo el concepto inicial de “bus de la huelga” junto al de “publicidad y acciones formativas”. El cargo se realizó a los gastos de un curso para la formación de monitores de educación ambiental, detalla la denuncia.

Otra de las facturas se refiere a la adecuación del pabellón de San Pablo para la celebración de la asamblea regional de delegados sindicales de UGT y CCOO el 21 de enero de 2011 con cargo a los fondos destinados a la defensa legal de trabajadoras discriminadas laboralmente por razón de sexo, provenientes de la Consejería de Igualdad. El concepto de esta factura, por importe de 11.499,10 euros, fue cambiado por el de "publicidad servicio de asesoramiento jurídico y defensa procesal a mujeres en caso de discriminación laboral por razón de sexo 2010". El denunciante señala que a defensa legal de mujeres discriminadas por este motivo es un servicio gratuito costeado con fondos de la Consejería de Igualdad y gestionados por el Instituto Andaluz de la Mujer, en colaboración con los sindicatos UGT y CCOO.