Encarna Maldonado

El caso Malaya es la gran prueba del sistema frente a la corrupción. La detención de los alcaldes y concejales que gobernaron Marbella entre 2003 y 2006, abogados, testaferros, contables, marchantes de arte, 19 promotores inmobiliarios y hasta el secretario municipal y el jefe de la Policía Local, además del otrora poderoso e inaccesible hombre del urbanismo marbellí, Juan Antonio Roca, enseñó que nadie está fuera de sospecha. Por primera vez se intervino un Ayuntamiento y se disolvió una Corporación municipal en España. Por primera vez un juez señalaba que el cóctel ladrillo y política olía mal.

Jesús Gil y su manera de hacer política habían llegado a Marbella en 1991. En 2006, cuando la operación Malaya puso fin al régimen que, una vez inhabilitado y fallecido Gil, sostenían sus herederos, Marbella tenía 18.000 viviendas ilegales, el Tribunal de Cuentas había detectado miles de millones de pesetas sin justificar, las deudas con Hacienda y la Seguridad Social alcanzaban los 70 millones de euros y el Ayuntamiento gastaba sólo en sueldos 13 millones de euros al mes, pese a que sus ingresos corrientes eran de 300.000 euros mensuales.

La operación Malaya puso de relieve en primer lugar que los días de impunidad habían terminado. Después de aquella actuación policial sobrevinieron decenas por todo el país y todavía siguen apareciendo, sumando nombres y sumando sospechas sin que nadie tenga ya empaque suficiente para detener la maquinaria.

El 27 de septiembre de 2010 el sistema se sometió a la segunda prueba: sentar en el banquillo a los acusados. Los pronósticos se mantuvieron en contra hasta el último segundo pero para perplejidad general todos y cada uno de los 95 acusados iniciales acudieron aquella mañana y el juicio comenzó. El 31 de julio de 2012, es decir 22 meses y 199 sesiones después concluyó sin graves sobresaltos, aunque con altas dosis de paciencia, capacidad de innovación y cintura por parte del tribunal presidido por José Godino y conformado por los magistrados Rafael Linares y Manuel Caballero-Bonald.

La vista oral, que finalmente se dirigió contra 86 acusados, para los que la Fiscalía pidió 490 años de cárcel y 3.800 millones en multas, contó con el testimonio de 400 testigos y peritos, cientos de miles de folios de documentación y más de 2.000 resoluciones del tribunal relacionadas con los procesados o las decenas de sociedades intervenidas.

El juicio, al margen de lo que diga la sentencia -prevista para antes del verano y todavía sin dictar al cierre de esta edición- ha servido para que la propia sociedad se mire en el espejo que nunca quiso ver. El GIL ganó por mayoría absoluta desde que en 1991 su fundador decidió presentarse en las elecciones municipales de Marbella y lo siguió haciendo ininterrumpidamente hasta que la Udyco irrumpió en el Ayuntamiento y detuvo a sus principales cargos públicos. Juan Antonio Roca ha reconocido durante la vista oral en una versión, que obviamente favorece sus intereses judiciales, que pagó durante tres años a los portavoces de los tres grupos (GIL y exconcejales del PSOE y el PA) que se aliaron en una moción de censura para echar a Julián Muñoz de la alcaldía sólo unos meses después de ganar las elecciones. Según el presunto cerebro de Malaya, el contenido de los sobres respondía al estatus de cada cual en la corporación y el objetivo era impedir que el equipo de gobierno se viniera abajo.

La Fiscalía Anticorrupción sostiene, en cambio, que Juan Antonio Roca cobraba a los empresarios por permitirles construir fuera de la legalidad, que una pequeña parte de ese dinero la empleaba en corromper al equipo de gobierno para que se amoldara a sus intereses y el grueso lo destinaba a sus negocios y lujos.

Todas estas circunstancias son las que harán que la sentencia por el caso Malaya no sólo sea importante, sino excepcional. Se convertirá en la referencia de las decenas de macrocausas por corrupción que se siguen en diferentes juzgados del país y en la prueba definitiva de si el sistema está o no preparado para juzgar determinados comportamientos.