La ex presidenta de Invercaria Laura Gómiz ha asegurado este miércoles al juez que investiga las irregularidades en esta sociedad pública de capital riesgo que no recibió “ninguna indicación de nadie” para que no ejercitara sus facultades ante un incumplimiento de pago de las ayudas que, por importe de 850.000 euros, fueron concedidas a la diseñadora cordobesa Juana Martín. De hecho, Gómiz ha asegurado que incluso el 1 de febrero de 2012, unas semanas antes de cesar en el cargo de presidenta, instó a demandar judicialmente a la sociedad Juana Martín Andalucía a la vista de los “incumplimientos y de que no se había podido analizar documentación sobre posibles aplazamientos de pago” que había pedido la modista.

Laura Gómiz, que ha comparecido en calidad de imputada ante el juez Juan Gutiérrez Casillas, ha defendido que actuó con respecto al proyecto de Juana Martín Andalucía “de la misma forma que con cualquier otro proyecto, instando de los servicios jurídicos una demanda judicial e intentando lograr un acuerdo para solventar el problema evidenciado”.

La ex presidenta de Invercaria, que fue denunciada por el ex director de Promoción Cristóbal Cantos por supuestas coacciones para que realizara supuestamente informes falsos, ha dicho que no tuvo “ninguna participación” en el proyecto de la diseñadora cordobesa, tanto en lo que se refiere a los estudios técnicos del departamento de Promoción como a las propuestas de inversión o la firma de los préstamos relacionados con la misma. Su conocimiento del proyecto fue “genérico y limitado”, aunque sabía que se le había concedido una financiación aprobada de hasta 900.000 euros.

Laura Gómiz ha dicho que cuando empezó a desarrollar su trabajo como directora general de Invercaria implantó el denominado Informe de Progreso de Operación (IPO), un documento de trabajo interno que tenía como finalidad “mejorar los procesos y procedimientos” para que toda la organización de Invercaria “pudiera tener conocimiento de las empresas participadas y de las cuantías objeto de financiación y de cómo había evolucionado el negocio de las empresas”, y para ello, en octubre de 2009, remitió un correo electrónico a todo el personal de Invercaria estableciendo una prioridad a fin de que los procedimientos fuesen “más útiles para el trabajo y que ese trabajo se desarrollara de forma más efectiva”, en definitiva, para que se “trabajara mejor” en Invercaria.

Laura Gómiz recibió en julio de 2010 un IPO sobre Juana Martín, pero de la lectura del mismo “no apreció ninguna irregularidad, lo único que se pone de manifiesto es que el cumplimiento del plan de negocios es inferior al previsto”. Sólo unos meses después, en diciembre, ya siendo presidenta, Gómiz recibe un nuevo IPO en el que se indica que la situación de negocio “ha empeorado y existe un incumplimiento de una primera cuota de un préstamo participativo” que vencía ese mes.

Por ello, instó dos reuniones con la empresaria Juana Martín, que planteaba un aplazamiento para hacer frente a los pagos, y precisó que ha instado en “diferentes momentos al cumplimiento de las obligaciones por parte de Juana Martín Andalucía ante los impagos con gestiones telefónicas e instando una demanda judicial”.

De hecho, la imputada aseguró que fue ella quien instó a que se establecieran en Invercaria unas “pautas de actuación para la gestión de cobros” de los préstamos, y añadió que se acordó que las deudas por impagos de préstamos “sólo podían tener un año y que a partir de ese plazo se deberían instar las demandas judiciales si no se renegociaban”. La reclamación judicial, según Gómiz, era la “última decisión tras el intento de renegociar la deuda por ser más positivo para que la sociedad participada pudiera mantener la actividad y el cobro”. De esta forma, según la imputada, en Juana Martín se daba esta circunstancia y “por ello se agotó el plazo de un año”.

En septiembre de 2011, Invercaria aportó en la operación de fusión con la sociedad de capital riesgo Inverjaen SCR, la participación y préstamos concedidos por Invercaria a Juana Martín, pero esa transmisión, según Laura Gómiz, “no suponía una descapitalización, perjuicio ni empobrecimiento de Invercaria”.