La Justicia no para, ni debe hacerlo, por las elecciones. La verdad es que, salvo excepciones, tampoco se entendería que los procesos electorales provocaran un parón en una institución que ya de por sí acumula importantes demoras en muchos casos.

Durante la campaña de las autonómicas que se celebran este domingo hemos visto cómo los tribunales han dictado al menos dos sentencias relacionadas con casos de corrupción y que afectaban a la gestión de los anteriores gobiernos socialistas de la comunidad autónoma. 

La primera de estas sentencias se hizo pública el pasado 8 de junio, a once días del 19-J, y en la misma la Audiencia de Sevilla condenó a penas de entre dos años y cuatro años y medio de cárcel a las cuatro personas acusadas por el desvío de fondos públicos de tres subvenciones para cursos de formación concedidas al Consorcio Centro Andaluz de Formación Medioambiental para el Desarrollo Sostenible (Formades), ubicado en Almonte (Huelva), en los ejercicios 2008, 2009 y 2010, todo ello tras el juicio celebrado durante los pasados meses de febrero y marzo. La principal condena recayó en la que fuera directora gerente del consorcio Ana María Orihuela, conocida como la "Reina Melchor" y ex concejal del PSOE en el Ayuntamiento de Almonte, que fue condenada a cuatro años y medio de cárcel por malversación de fondos públicos, entre ellos por haber pagado 6.555,15 euros de los caramelos para la Cabalgata de Reyes Magos y comidas de Navidad.

Tan sólo un día después de conocerse la condena a la ex gerente de Formades, el 9 de junio, la Audiencia de Sevilla dictó otra sentencia en plena campaña. En este caso, el tribunal condenó al ex alcalde del PSOE de Cazalla de la Sierra Ángel Rodríguez de la Borbolla, hermano del ex presidente de la Junta José Rodríguez de la Borbolla, a un año y medio de cárcel en una de las piezas separadas del caso de los ERE. 

La sentencia le impuso además el pago de 8.408.096,42 euros de indemnización a favor de la Junta de Andalucía, en relación con las ayudas que por ese importe recibieron las empresas vinculadas a Ángel Rodríguez de la Borbolla para el desarrollo de la actividad del corcho en la sierra norte de Sevilla. El fallo absolvió, no obstante, a los otros cuatro acusados, entre ellos el actual alcalde de Cazalla de la Sierra, Sotero Martín Barrero (PSOE).

El hecho de que estas sentencias se publiquen en plena campaña favorece que el resultado pueda ser utilizado por los adversarios políticos, como ocurrió precisamente cuando se conoció la condena de Ángel Rodríguez de la Borbolla. El PP, que ejerce la acusación popular en este proceso, no dudó en hacer público el fallo -incluyendo una captura de la sentencia- en las redes sociales, a pesar de que la sentencia aún no había sido facilitada a los medios de comunicación por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA). Este es el tuit que se publicó al respecto, en el que, paradójicamente, sólo se mencionaba la condena del ex regidor socialista y no la absolución de los otros cuatro acusados, entre ellos el actual alcalde de la localidad sevillana. Cosas de la política.

La Justicia acaba de condenar a la cárcel al hermano de un expresidente de la Junta de Andalucia por el caso #ERE. Tendrá además que indemnizar a la Junta con 8,4 millones de €. Fueron tiempos oscuros, pero afortunadamente hoy #Andalucía ya es territorio libre de corrupción. pic.twitter.com/tkIonI1oU4

— Toni Martín (@toni_miglesias) June 9, 2022

Pero hay excepciones en las que los tribunales no hacen públicas sus deliberaciones durante los procesos electorales. Así, el Tribunal Supremo mantiene un criterio de no interferir en los proceso electorales. Un buen ejemplo de la aplicación de esta norma no escrita lo encontramos en el caso de los ERE y en la sentencia que el Alto Tribunal debe dictar sobre el denominado "procedimiento específico", la pieza política de la macrocausa, en la que fueron condenados 19 ex altos cargos de la Junta, entre ellos los ex presidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán.

En este caso y a pesar de que la vista para la exposición de los recursos tuvo lugar entre los días 4 y 5 de mayo, la Sala Segunda del Supremo no ha hecho pública su decisión al haberse convocado las elecciones autonómicas, y el propio presidente del Alto Tribunal y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Carlos Lesmes, confirmó que la sentencia no se conocería antes de las elecciones del 19-J.

A partir del próximo lunes, una vez celebradas las autonómicas, la Sala podría hacer pública su decisión en cualquier momento, aunque todo depende de las deliberaciones de los cinco magistrados que forman el tribunal que debe revisar los recursos. En función de cómo vayan esas deliberaciones, del acuerdo entre los cinco jueces respecto a la decisión definitiva, la sentencia podría conocerse antes de las vacaciones de verano o, en caso de que el debate sea más intenso de lo que pueda parecer inicialmente, la decisión podría retrasarse más tiempo.