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Andalucía

Justicia impulsa un grupo específico contra la trata y explotación sexual

  • La Consejería promueve la coordinación de todos los departamentos vinculados a la persecución de bandas y la atención a víctimas

La Consejería de Justicia e Interior de la Junta de Andalucía constituirá un grupo de trabajo específico con todos sus departamentos que trabajan en la lucha contra la trata de seres humanos y su explotación sexual. En una nota de prensa, la Consejería de Justicia e Interior informa de que el objetivo de este grupo de trabajo es mejorar la formación y la especialización de los profesionales que se ocupan de la atención a estas víctimas.

El primer foro de debate sobre trata con fines de explotación sexual, desarrollado ayer en Sevilla y organizado por el Colegio de abogados de Sevilla, fue la directora general de Violencia de Género y Asistencia a Víctimas de la Junta, Silvia Oñate, y de la directora general de Justicia Juvenil y Cooperación, Carmen Belinchón, que abogaron por el impulso de la formación en esta materia.

La creación de este grupo de trabajo, para avanzar en la persecución de la trata de personas, responde a un mandato del Parlamento andaluz que aprobó recientemente una proposición no de ley en este sentido.

Este grupo permitirá reforzar la coordinación de los distintos departamentos de la Junta -fundamentalmente sanitarios, de servicios sociales, judiciales y de seguridad- que trabajan en el campo de la lucha contra la trata de seres humanos con la finalidad de mejorar su eficacia y resultados.

Según Oñate, "se trata de una de las más dramáticas y escalofriantes formas de reducción del ser humano a simple mercancía y que representa, por ello, una grave violación de los derechos humanos". Asimismo, Belinchón subrayó la importancia de la especialización y puso como ejemplo el turno pionero sobre la trata de seres humanos del Colegio de Abogados de Sevilla, el único que existe actualmente en Andalucía.

La trata de personas es un delito de alcance mundial del que son víctimas mujeres en el 60 % de los casos, el 20 % de ellas menores de edad, según datos de la ONU, que apuntan a que solo en España estas redes pueden llegar a mover cinco millones de euros al día.

La Junta y los médicos forenses impulsan un proceso de debate y análisis del papel que juegan las Unidades de valoración integral de violencia de género con el objetivo de mejorar la calidad del servicio que prestan dentro de la Administración de Justicia en la lucha contra el maltrato.

Este servicio, dependiente de la Consejería de Justicia y prestado por los Institutos de medicina legal, constituye -defiende este departamento- un sistema pionero en España para la valoración global de la violencia de género desde la perspectiva forense.

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