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Sevilla

Justicia quiere cerrar el Registro Civil por las tardes para reducir costes

  • CSIF denuncia el cambio de criterio de la Consejería y la Junta asegura que se trata de una "mera propuesta" que se está negociando con los sindicatos.

El proyecto pionero de abrir el Registro Civil por las tardes puede tener los días contados debido a la crisis económica y a las dudas sobre la eficacia de la medida. La Consejería de Justicia e Interior de la Junta se está planteando suprimir la apertura de los registros civiles andaluces por las tardes, una medida que la que fuera consejera de Justicia María José López implantó en Sevilla 15 de noviembre de 2007 con la idea de mejorar la atención a los ciudadanos.

Casi cinco años después, la Junta ha comunicado a los sindicatos que está estudiando el cierre de este servicio público por las tardes, aunque desde el departamento que dirige Emilio de Llera explicaron este martes a este periódico que se trata de una "mera propuesta" que forma parte del proceso de negociación abierto con los sindicatos. Justicia insiste en que no hay una pretensión de partida "ya decidida" por parte de la Consejería y que todo está abierto al "análisis y la negociación con los representantes sindicales", todo ello en función de los criterios de "eficacia del servicio y el coste económico para su mantenimiento".

Frente a la postura de la Administración, el sindicato CSIF denunció este martes la supresión de un servicio que "hace una legislatura la Junta consideraba indispensable para prestar un buen servicio a la ciudadanía, y ahora de golpe y porrazo la ciudadanía ya no lo necesita" según el planteamiento de la Junta. El portavoz de Justicia del sindicato CSIF, Miguel Ángel Ramos, aseguró que la supresión de este servicio supondrá que todos los meses los funcionarios que participan en la apertura de los registros civiles por las tardes perderán "una media de 250 euros", un recorte del que la Junta "guarda silencio pese a haberlo anunciado en la Mesa Sectorial".

Esa reducción salarial se unirá al otro 5% que se le va a aplicar a sus nóminas, aunque CSIF sostiene que la Junta ha "maquillado" que en realidad el recorte que se va a producir será de entre un 30% y un 50%. La explicación a esta diferencia en los porcentajes, explicó Miguel Ángel Ramos, se debe a que la Junta "sólo tiene competencia sobre el concepto salarial que se denomina complemento específico, que es el único que paga realmente la Junta de Andalucía, ya que el resto de conceptos vienen transferidos por el Gobierno central". Según el representante sindical, el 5% de todo el sueldo íntegro, cobrado sólo sobre el complemento específico, "supone entre un 30% y un 50% del mismo".

Por ello, CSIF denuncia que los funcionarios de Justicia que ahora van a perder el complemento del Registro Civil por las tardes pierden por este concepto "más de lo que se le va a recortar por el falso 5% genérico" y considera que estos trabajadores pueden ver reducidos su salarios mensuales en cerca de 500 euros.

Miguel Ángel Ramos criticó que estos recortes van a convertir a muchos funcionarios de Justicia en "menos que mileuristas, pues su sueldo no va a permitirles ni rozar los 1.000 euros" y contrastó esta situación con el recorte de un 7,5% de los salarios de los altos cargos de la Junta. "¿Qué significa un 7,5% de su sueldo para un alto cargo cuando sólo en concepto de productividad ganan los 1.000 euros que ya no alcanzan los funcionarios de Justicia en sueldo completo?", se preguntó el representante sindical, que denunció la "doble vara de medir y la demagogia indecente que está enviando a muchos funcionarios y a sus familias directamente a la miseria para pagar el despilfarro de décadas en Andalucía". Miguel Ángel Ramos denunció igualmente el "pobre lugar en que queda el ciudadano: ayer la Junta quería acercarse a él y permitirle acceder al Registro Civil; y hoy, cuando ya han pasado las elecciones, le importan un comino los ciudadanos, el Registro Civil, los funcionarios y a saber qué más".

CSIF reunió este martes por la tarde a más de 3.000 personas frente al Palacio de San Telmo, sede de la presidencia de la Junta, para protestar contra el plan de ajuste del Gobierno andaluz.

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