¿Por qué un ciudadano paga un coste telefónico más elevado por una información que le suministra una administración pública? Decenas de teléfonos de la Junta de Andalucía tienen contratadas las líneas 901 y 902 en lugar de otros prefijos que supondrían una opción más económica para el usuario. Entre ellos están Salud Responde, donde se gestionan las consultas médicas, el teléfono de información al ciudadano, la atención a la infancia, la dependencia, el medio ambiente o la información sexual a los jóvenes.

La Administración no conoce el listín completo de 901 y 902 que posee, por lo que la Consejería de Presidencia ha dado orden a los restantes departamentos de que le suministren una relación con el fin de retirar gradualmente estos números. En las últimas semanas teléfonos de consumo, de las oficinas comerciales Extenda o de la Agencia del Agua han pasado de la tarificación especial a líneas 900 o a líneas convencionales con prefijos geográficos.

¿Por qué? La respuesta es la aprobación de una proposición no de ley el pasado octubre en el Parlamento que pasó desapercibida. Quizá porque, en lugar de generar conflicto, se aprobó por unanimidad de los grupos, lo que verdaderamente supone una noticia.

La iniciativa partió de Podemos, que denunció que las personas que utilizan estos servicios se ven obligadas a soportar un incremento de su factura telefónica, ya que a diferencia de los números 900 las llamadas no son gratuitas ni se incluyen en las tarifas planas de las empresas operadoras de telefonía.

En el debate, el diputado Jesús Rodríguez alertó de estas "pequeñas murallas" que suponen estos teléfonos 902 y 901 -unos pagados exclusivamente por los ciudadanos y otros con el coste repartido con la Administración-, y cómo los ciudadanos se ven abocados a buscar páginas en internet para sortearlos. Rodríguez recordó una iniciativa de change.org que obligó a revocar un 902 en el Servicio Andaluz de Empleo y demandó la supresión progresiva de estos números.

IU emitió un voto favorable. Su portavoz Antonio Maíllo tuvo en cuenta la brecha digital existente por la que todos los ciudadanos no son capaces de resolver estos trámites por internet y lamentó la cantidad de números existentes de este tipo con relevancia social. "En muchos casos son llamadas, no por voluntad, sino por necesidad de una información que la Administración debe dar sin coste adicional", añadió.

La diputada de C's Isabel Albás puso este caso como ejemplo de un funcionamiento erróneo de las administraciones públicas. Albás señaló que la Administración no recibe dinero por estas llamadas, "que sí suponen beneficios muy elevados para las compañías telefónicas" y exhibió su "condena total" a esta práctica que, además, supone un perjuicio a los colectivos más vulnerables.

La diputada del PP Carmen Céspedes recordó que esta demanda la han venido solicitando organizaciones de consumidores y señaló que, en aras de la promulgada transparencia, deben eliminarse estos números.

Sólo el diputado del PSOE José María Fernández (ya ex diputado) anotó las ventajas, como una centralización de servicios, que son fáciles de recordar o que evitan el colapso de las líneas al permitir llamadas simultáneas. No obstante, votó a favor de iniciar un estudio de viabilidad para la eliminación y, tras la aprobación por unanimidad, en ello está la Junta: sustituir de manera progresiva los 901 y 902 en sus teléfonos de atención ciudadana.