La consejera de Medio Ambiente, Cinta Castillo, aseguró ayer que por Andalucía no ha pasado en ningún momento chatarra procedente del chatarrero New Flame, hundido desde el pasado verano en aguas del Estrecho de Gibraltar. Según Castillo, hasta la fecha, desde los responsables del buque o de la empresa encargada de extraer la chatarra no se ha producido solicitud de autorización a la Administración andaluza para un posible traslado por la comunidad.

La consejera, que quiso dejar claro que la Junta es parte denunciante en el proceso judicial abierto a raíz del hundimiento del buque, recalcó que la chatarra que se está extrayendo del buque no ha atravesado territorio andaluz, algo que, dijo, "tendríamos que haber autorizado si nos lo hubieran pedido". También insistió en que nunca "se han detectados efectos negativos del New Flame en la ciudadanía ni efectos nocivos para la salud".

Respecto a la decisión de la Comisión Europea de abrir, a instancias del Defensor del Pueblo Europeo, las investigaciones pertinentes y determinar si ha existido algún tipo de incumplimiento del Derecho Comunitario Ambiental por parte de las instituciones encargadas de la administración y gestión de las consecuencias derivadas del accidente del barco, Castillo señaló que siempre van a apoyar "todo lo que sea aclarar y reclamar a las autoridades administrativas, sean las que sean, que ocurrió". La titular de Medio Ambiente insistió en que la Junta está en este caso como parte denunciante, reclamando al Gobierno de Gibraltar que resuelva "todos los posibles daños y las incidencias que tuvo este accidente".

De otro lado, la consejera manifestó que lo más triste de todo es que "cuando más falta hace que el principal grupo de la oposición, el PP, arrime el hombre, trabaje y colabore, se dedique a hacer de este asunto una batalla".

Preguntada sobre los niveles de contaminación en las costas de Cádiz y Huelva denunciados por organizaciones ecologistas, la consejera señaló que, en los últimos diez años, las mejoras en los niveles de contaminación -que son consecuencia de la presencia de actividad industrial en esas zonas- son absolutamente considerables, empezando porque está totalmente prohibido cualquier vertido directo a las aguas.