La Junta comprobó que los cursos de formación se realizaron, pero no llevó a cabo un control "del dinero realmente gastado", es decir, "no auditó" las subvenciones, lo que permitió que se inflara el coste de los actividades formativas. Ésta es la principal conclusión y el mayor reproche que la unidad combinada de la Inspección Tributaria y Vigilancia Aduanera de Huelva realiza en un informe remitido a la juez de Instrucción número 3 de Sevilla, que desde finales de 203 investiga al empresario José Sivianes Sánchez, propietario de la empresa Formación Integral para el Empleo, en relación con las ayudas que por importe de 5,6 millones de euros recibió en sólo cuatro años (entre 2008 y 2011) para la realización de cursos de formación para desempleados, según informaron a este periódico fuentes judiciales.

El informe señala que desde el año 2009, como consecuencia de la entrada en vigor de la orden de 23 de octubre -que desarrolla el decreto 335/2009, que regula la ordenación de la Formación Profesional para el Empleo-, los beneficiarios de las subvenciones "no están obligados a entregar las facturas a la Junta", sino que simplemente se les obligaba a almacenarlas y tenerlas "a disposición" de la Administración. Para justificar el dinero gastado, precisan los investigadores, tenían que entregar un "informe de una auditoría externa que ellos mismos pagan, con cargo a la subvención concedida".

De esta forma, la Junta trasladaba esa labor auditora a una empresa privada que, "en el mejor de los casos, se limita a realizar una comprobación formal del dinero empleado", es decir, que las facturas cumplan con los requisitos formales y con los criterios establecidos, "no entrando a valorar la realidad de las sociedades que están auditando". El informe señala que, a raíz de las investigaciones que se realizando en los últimos años en los juzgados de Sevilla sobre fraude en los cursos, la Junta ha comenzado a realizar la "auditoría real" de las subvenciones con técnicos de la propia administración.

Para los investigadores, el empresario José Sivianes en colaboración con los otros ocho imputados diseñaron un sistema de "presupuestos y facturas falsas" para justificar los requisitos exigidos por la Junta, todo ello con la finalidad de "obtener para sí y el resto de personas que participan en el fraude, el dinero concedido".

La investigación ha acreditado no sólo el "pleno conocimiento" que los imputados tenían del funcionamiento de la Junta en relación con la concesión de subvenciones, sino que "tenían intención de continuar con el fraude en los años sucesivos". La seguridad con la que actuaban era tal que incluso llegaron a presentar presupuestos para la cesión de profesores elaborados por el propio empresario y su asesor fiscal.

Después de analizar toda la documentación relacionada con las ayudas, los investigadores llegan a la conclusión de que los cursos subvencionados "fueron impartidos, pero el coste real es muy inferior al justificado". La Junta realizó un control real de la impartición, desplazando técnicos a las clases donde se desarrollaban las actividades, pero "no existió un control del dinero realmente gastado".

El informe concluye, asimismo, que gran parte del dinero defraudado se consigue con la "simulación de la cesión del servicio de docencia", dándose la circunstancia de que el propio José Sivianes, a través de una sociedad suya denominada Nuevas Tecnologías, "se presupuesta a sí mismo para subcontratarse el servicio de docencia".

Los investigadores ponen como ejemplo de la simulación de los gastos varios cursos de "formador ocupacional", de 400 horas cada uno, en los que se factura el doble de horas, existiendo una "duplicidad en el gasto de docencia" para estas actividades.