Andalucía

Las cuentas de la Junta socavan el Pacto por la Vivienda, según el PP

  • Denuncia que los presupuestos no garantizan la aplicación de la Ley de Derecho a la Vivienda

Ni Pacto Andaluz por la Vivienda ni Ley de Derecho a la Vivienda. Ambos quedarán en papel mojado, según el PP-A, porque las partidas destinadas dentro de los presupuestos de la Junta para 2010 a la Consejería de Vivienda y Ordenación del Territorio, "no garantizan" su aplicación. La denuncia fue hecha ayer por la portavoz de Vivienda del PP andaluz, Alicia Martínez, quien analizó, junto a los portavoces de Educación, Santiago Pérez, y la portavoz de Medio Ambiente, Carolina González-Vigo, las cuentas de la Junta para el año próximo en materia de Vivienda, Educación y Medio Ambiente.

Según la parlamentaria del PP, las delegaciones provinciales de la Consejería costarán a los andaluces el año próximo 32,2 millones de euros, una cifra "relevante" si se tiene en cuenta que el presidente de la Junta, José Antonio Griñán, ha apostado por la austeridad e incluso por la "reducción" de las delegaciones provinciales. Martínez aseguró que la consejería cuenta con 95 millones de euros menos para la política de vivienda, lo que supone una bajada del 18%, una reducción "preocupante", ya que se trata de un departamento que pretende aprobar la Ley de Derecho a la Vivienda para los andaluces.

Del presupuesto de esta consejería se deduce también, según la parlamentaria del PP, un traspaso de medios a la Empresa Pública del Suelo de Andalucía (EPSA), que sufre un aumento de 94 millones de euros, y se convierte en el cuarto organismo autónomo en volumen de presupuesto detrás del SAS, del SAE y la Agencia Andaluza del Agua.

El gasto corriente supone 71 millones de euros, de los que 44 se destinarán al personal, según Martínez, quien añadió que en año y medio esta Consejería ha "consolidado" a 1.107 personas, cuando las inversiones reales se reducen en un 33% y las transferencias de capital en un 15%.

En cuanto a ordenación del territorio, Martínez hizo hincapié en que "en materia de control" la Junta ha protagonizado "un fracaso", y así lo ha demostrado, en su opinión, con el caso de Las Aletas, Estepona, Alcaucín o Atarfe, entre otros. Y todo esto, añadió, "con el plan de inspección vigente".

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