La presión que en los últimos años han ejercido los alcaldes de los municipios de la comarca malagueña de la Axarquía y cientos de propietarios de viviendas construidas sobre suelo no urbanizable ha acabado por tener sus efectos. La consejera de Obras Públicas, Josefina Cruz, anunció ayer que en los próximos meses se aprobará un decreto autonómico que vendrá a poner luz al caos urbanístico de la zona. La vía impulsada por el Gobierno andaluz dará cobijo, según los datos aportados por Cruz, a unas 11.000 edificaciones levantadas de forma irregular en 22 municipios axárquicos, cuyos dueños podrán tramitar su regulación.

El cómputo global de edificaciones, precisó la consejera, es superior, y alcanza las 12.760, aunque este dígito no se corresponde con la totalidad de construcciones ilegales de la comarca, dado que los inventarios no incluyen los casos de siete localidades: Torrox, Nerja y Vélez, por ser municipios de más de 5.000 habitantes; La Viñuela y Alcaucín, por "su situación penal algo compleja", y Árchez y Canillas de Aceituno, porque declinaron participar en la iniciativa.

La diferencia entre las viviendas que podrán acogerse al proceso de normalización y las que no viene marcada por la existencia de 859 casas asentadas sobre espacios protegidos, sobre las que pende la amenaza de la demolición, y de 976 que han sido construidas de forma ilegal pero sin que hayan caducado aún las irregularidades. Respecto a la posible demolición de las viviendas en suelo protegido, la consejera expuso que deben ser los ayuntamientos los que "vayan reconociendo la realidad de estas viviendas y los que tomen las decisiones necesarias".

Cruz rechazó que la medida sea una "amnistía" para las miles de viviendas. "Lo que hacemos es buscar el reconocimiento de esa realidad", dijo, al tiempo que subrayó la necesidad de ser "contundentes" para evitar que este fenómeno se siga produciendo. A este respecto, preguntada por cómo puede controlarse esta situación ante la escasez de medios de los ayuntamientos y la reducida plantilla de inspectores de la Junta, la consejera se limitó a decir: "Si hay voluntad de los ayuntamientos y de la Junta para frenar estos procesos, se frenará".

Estos inventarios, los nuevos planeamientos urbanísticos y el mencionado decreto darán, a juicio de Cruz, "seguridad jurídica a los ayuntamientos para sus actuaciones y garantía a la mayor parte de las personas para el reconocimiento de sus viviendas, dotándolas de los servicios mínimos".