Un primer paso. Así definió ayer el vicepresidente de la Junta y consejero de Administración Local y Relaciones Institucionales, Diego Valderas (IU), la aportación para el pago de luz, agua y otras prestaciones de urgencia como alojamiento (alquiler, albergues u hoteles) y reparaciones en viviendas para familias sin recursos que ha aprobado el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía mediante un nuevo decreto ley de medidas para la inclusión social. La Junta ha previsto un mínimo de cinco millones de euros que serán transferidos a los ayuntamientos para que los pongan a disposición de los vecinos necesitados. El montante final estaba aún abierto a negociación, aseguraron varios portavoces de la Administración. Preguntado al respecto en una rueda de prensa, Valderas manifestó la intención de la Junta de que los ayuntamientos aporten una cantidad adicional, algo que podría recogerse en el decreto ley.

"Me gustaría que se pusiera en valor algo por encima de 10 millones y por eso habría que conveniar con los ayuntamientos para que hagan algo que ya hacen, sobre todo en los suministros de agua. Si el decreto destina más a energía y los ayuntamientos al agua, los euros se pueden multiplicar por dos", subrayó el vicepresidente de la Junta.

Valderas confirmó los planes de la Administración autonómica avanzados este fin de semana por esta redacción. El decreto ley estrena una transferencia a los ayuntamientos para que éstos atiendan las necesidades de urgencia de los ciudadanos. Se incluyen casos como el pago de una factura de luz o agua, un alquiler en el caso de que el impago lleve a un desalojo o reformas en la vivienda que garanticen su habitabilidad, siempre cuando esos ciudadanos acrediten que carecen de ingresos mediante un informe de los servicios sociales. El dinero se repartirá en función del número de desempleados de los municipios.

Este primer paso sería complementado el próximo otoño con una moratoria para evitar cortes de suministro de luz y agua por impagos desde noviembre a marzo, según la intención de la Consejería de IU. La Junta negociaría con las entidades suministradoras, aunque está a la espera de una reunión bilateral entre el Gobierno y Cataluña sobre la legalidad de la medida.

Valderas llegó a hablar en noviembre de 20 millones de euros para afrontar los impagos de familias con salario social, pero ese plan se reformulará.

Valderas expresó que el primer paso de esta transferencia para suministros tendrá una vigencia de seis meses y que habrá que pensar en una dotación para el Presupuesto de 2015. En paralelo aludió a la renta básica que se negocia en el Parlamento y a las medidas para bajar el desempleo.

El PSOE centró su reacción en otra de las novedades que contiene el decreto, molesto por que se adjudique al socio de IU la acción de los suministros. El secretario de Organización socialista, Juan Cornejo, puso el acento en la vinculación del llamado salario social a ofertas de empleo, para lo cual la Junta promoverá acuerdos con empresas de la economía social y de inserción.

Cornejo ilustró que con esta medida se pretende dar "el pescado y la caña" a las personas en riesgo de exclusión social, que se van a "sentir mucho mejor" porque supone la posibilidad de tener un trabajo en vez de "recibir la ayuda desde casa", lo que "dignifica", recalcó.

Como avanzó esta redacción el pasado domingo, será la primera vez desde la implantación de esta ayuda en 1991 que los beneficiarios de salario social reciban ofertas de trabajo. Más de 55.000 andaluces sin otro tipo de ingresos recibieron el año pasado esta ayuda, de entre 400 y 645 euros mensuales. Esta medida del decreto contaría con unos dos millones.

Los diferentes planes tienen una previsión de 60 millones en total, cantidad ya recogida en el Presupuesto de 2014. La mayor cuantía, 40 millones, irá a un plan de obras municipales para personas en riesgo de exclusión. Otros ocho millones se destinarán a ampliar las ayudas económicas familiares.