A más competencias y más autonomía, los ayuntamientos exigen más financiación y, sobre todo, incondicionada. Este caballo de batalla de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP) se cifra, hoy por hoy, en un necesario incremento en un 30% de los 159 millones del fondo de nivelación previsto para 2010, y parece que tendrá una respuesta favorable del Gobierno andaluz. Pese a estar corto de recursos y haber anunciado su congelación en sus presupuestos del próximo año, está viendo de dónde arañar euros para intentar alcanzar esos 200 millones, según confirmaron ayer fuentes socialistas.

La prueba de que está haciendo ese esfuerzo está en que el consejero de Gobernación, Luis Pizarro, aventuró "sorpresas" en este sentido durante la entrega al presidente de la FAMP, Francisco Toscano (PSOE), de los anteproyectos de las leyes locales aprobadas el pasado martes en Consejo de Gobierno -la Ley de Autonomía Local y Ley de Participación de los entes locales en los Tributos de la Comunidad Autónoma-, paso previo a la tramitación parlamentaria que arrancará de inmediato para que sean una realidad antes de junio de 2010. Es más, apuntó que al final del debate de Presupuestos andaluces, intentarán por "coherencia" coger esa "senda" marcada por la FAMP e incrementar ese fondo para dar "credibilidad" a las dos nuevas normas municipalistas.

La operación para alcanzar los 200 millones no sería más que un trasvase financiero del Plan de Cooperación Municipal, 1.300 millones que sí tienen carácter finalista, a este fondo incondicionado, lo que permitiría a los ayuntamientos aumentar su capacidad de decisión sobre el destino que debe dar a los recursos que anualmente recibe de las arcas autonómicas.

Si finalmente se aumenta ese fondo -Andalucía es la única comunidad que dispone de él-, la Junta también cerraría uno de los frentes abiertos desde la oposición, que reclama la retroactividad de las dos leyes a nivel económico, dado que su entrada en vigor está fijada para junio de 2010. No obstante, en esta decisión final, pesará mucho lo que desde la Consejería de Economía se diga porque, hasta ahora, ésta sólo ha hablado de congelar esta partida en 159 millones.

Lo que también está en fase de análisis por este departamento es cómo se hará ese reparto entre los 771 municipios. Aparte del criterio de población, que quedaría definido en cuatro tramos, se añadirían otros elementos a ponderar, como el territorio que ocupa el municipio, la dispersión geográfica y su esfuerzo fiscal.

El aspecto económico de estas leyes es, precisamente, donde el Ejecutivo autonómico ve que puede peligrar su objetivo de la unanimidad parlamentaria. Pizarro dio un toque de atención a PP e IU para que en un "ejercicio de responsabilidad" abandonen la discusión "absurda" de si la participación de los ayuntamientos debe ser en los ingresos o los tributos de la comunidad. Ese debate consideró que está superado tras la aprobación del Estatuto de Andalucía, dejando claro que la clave son los tributos, que ya de por sí suponen un volumen "importante" de recursos.

Pero si peso tienen los recursos, también lo tienen las competencias. En este caso, el anteproyecto de la Ley de Autonomía Local viene a concretar sobre el papel buena parte de las que los ayuntamientos ya vienen ejerciendo desde hace tiempo e incorporan al texto normativo de casi el 80% de las competencias que le había demandado la FAMP, aspirándose a llegar al 100% ahora durante su recorrido parlamentario -se fijan 14 competencias más que la Ley de Bases de Régimen Local estatal-. Lo bueno de esa concreción está en que si sobre los ayuntamientos recaen otras tareas extra, estas tendrán que venir con la financiación adecuada, no como hasta ahora ha sucedido.

Los dos anteproyectos serán sometidos ahora a un "estudio riguroso y serio" por la FAMP para poder hacer sugerencias al Gobierno andaluz, y su presidente, Francisco Toscano, confió que la unanimidad que hasta ahora ha habido en esta institución se mantenga.