La Junta de Andalucía mantiene su argumento sobre las posibles taras medioambientales para frenar el proyecto de explotación y almacenamiento de gas natural en Doñana que promueve Petroleum Oil & Gas España, filial de Gas Natural.

Así se pronunció ayer la institución autonómica tras el varapalo de la Comisión Europea (CE), que se inhibió al entender que el marco competencial del proyecto se circunscribe a las administraciones del Estado. Ante esta tesitura, la Consejería del ramo anunció que "seguirá insistiendo" al ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente para que revise las tres Declaración de Impacto Ambiental (DIA) que ya fueron favorables.

La secretaria general de Gestión integral del Medio Ambiente y Agua, Carmen Lloret, recurrió a eufemismos para matizar que la CE "no se inhibe", sino que evita "entrar en el fondo de la cuestión" para justificar su postura de no otorgar la Autorización Ambiental Unificada (AAU) que ha de expedir la propia Junta, quien en última instancia debe dar luz verde al proyecto.

Aunque la DIA es favorable, la Administración autonómica volvió a enrocarse en que los estudios se han realizado de forma "fragmentada" y no recoge los efectos "acumulativos" que tendría para la flora y la fauna la actividad de los 14 nuevos pozos para extraer las reservas de gas que aun alberga el subsuelo de Doñana y su posterior almacenamiento estratégico en función de las necesidades de mercado.

Las nuevas prospecciones se ubican en cuatro puntos neurálgicos de las provincias de Huelva y Sevilla, dos de los cuales se adentran en la zona Red Natura 2000 y la IBA Marismas del Guadalquivir. Junto a estas actuaciones se proyecta la construcción de un gasoducto de interconexión de 18.169 metros longitudinales que uniría los parajes de Saladillo y Rincón, zonas ambas de dominio público forestal y que se engancharán con el de Enagás, que lo enlaza con la provincia de Sevilla.

En consecuencia, la Junta insistió en que un proyecto cuya actividad industrial atañe y se asienta en un Espacio Natural tan sensible como Doñana "debe cumplir con todos los requerimientos de legalidad, tanto en el ámbito normativo como ecológico", por lo que velará por que "no se cometan errores".

Gas Natural Fenosa acogió ayer "positivamente" el pronunciamiento de la Comisión Europea, al despejar cualquier atisbo de duda a la hora de señalar al Gobierno como la institución en la que descansan "las competencias aplicables a la tramitación del proyecto de almacenamientos de gas natural".

Desde la compañía indicaron que el proyecto da cobertura a "todas las exigencias ambientales", y recordó que el proyecto ha estado sometido a un exhaustivo procedimiento de evaluación, y obtuvo, en 2013, DIA positivas".