El consejero de Empleo, Empresa y Comercio, José Sánchez Maldonado, aboga por acometer una "impugnación" de la reforma laboral del Gobierno central y ha insistido en la necesidad de que el Ejecutivo arbitre un plan especial de empleo para Andalucía.

En una entrevista con Europa Press, el consejero ha indicado que la Junta va a seguir reivindicando un plan especial de empleo para la Comunidad "pues tenemos derecho a un plan especial de empleo, como lo tuvieron otras comunidades con incluso menor tasa de paro", una reivindicación que va a seguir manteniendo la Junta. "Es un derecho de todos los andaluces y lo vamos a seguir pidiendo, pues son recursos para Andalucía", ha aseverado Maldonado, quien reconoce que todavía no ha contactado con el nuevo Gobierno, de forma que se han reunido varias veces en la anterior legislatura pero en ésta nueva todavía no.

En todo caso, con vistas al nuevo curso, el consejero pide que "se desarrolle y se retome la negociación colectiva, se luche contra la temporalidad, potenciando el empleo indefinido, y se mejore la calidad en el empleo".

Maldonado, que cree que "algo se está avanzando con el acuerdo para elevar el Salario Mínimo Interprofesional (SMI)", espera que se pueda avanzar en la misma línea "pues todo lo que sea acuerdo nos parecerá bien". No obstante, considera que "es necesario corregir los efectos nocivos de la reforma laboral, que ha supuesto una bajada del salario medio de un diez por ciento, llegando a niveles de hace diez años, o un aumento de la precariedad e inestabilidad, además de la anulación de la negociación colectiva y una total desregulación de los aspectos laborales, todo eso ha traído la reforma laboral".

Recuerda que la reforma laboral "se hizo de espaldas a los agentes sociales y no contentó a nadie, ni a empresarios ni a sindicatos", por lo que considera que es necesario "darle una vuelta a la reforma laboral para ver cómo se puede minimizar esos efectos negativos".

Así, ha apuntado que en Andalucía "la Junta con sus escasas competencias en materia de legislación laboral ha logrado recuperar las 35 horas para 170.000 empleados públicos andaluces y hemos puesto en marcha varios planes de empleo que han generado 175.000 contratos, por lo que por la misma vía tiene que ir el Gobierno central".

Por ello, considera que el Gobierno, que tiene "verdaderas competencias para acabar con políticas de austeridad y elevar el salario de los trabajadores, principalmente entre los más jóvenes para que puedan cotizar a la Seguridad Social para que contribuyan a las pensiones y a la hucha de la Seguridad Social, además de acometer políticas de estímulo de la demanda interna", todas ellas cuestiones que "hay que requerir al Gobierno central". "No se puede seguir con las políticas de austeridad que han existido hasta ahora, sino volver a las políticas de estímulo de la demanda, pues, de lo contrario, no saldremos de la trampa del desempleo", ha añadido el consejero.

A su juicio, "es necesario cambiar lo que hay que cambiar, hay que hacer una impugnación de la reforma laboral y de sus resultados, bien cambiando los aspectos negativos o derogando y haciendo una nueva ley". 

Por otro lado, ante la situación de la hucha de las pensiones, el consejero pide "reeditar el Pacto de Toledo por las pensiones, que es competencia estatal", que suponga "un gran pacto nacional por las pensiones en nuestro país, un gran pacto social intergeneracional".

El consejero se ha mostrado partidario de un sistema público de pensiones y cree que en ese nuevo pacto nacional "no deberían estar las comunidades autónomas, pues son competencias exclusivamente nacionales porque la solidaridad intergeneracional no podemos compartimentarla en territorios". "Si hay una competencia que no puede ser territorializada ésa es ésta", ha aseverado. "Hay que adecuar las necesidades financieras a medio y largo plazo con las pensiones, hay que adecuar instrumentos financieros para equilibrar esas necesidades financieras y hay muchas fórmulas sobre las que deben pronunciarse Gobierno y Cortes Generales", ha aseverado Maldonado, quien insiste en que "hay que buscar recursos y ver cuáles son las necesidades financieras".

Por ello, aboga por "adecuar los recursos financieros públicos para poder financiar esas pensiones, y para ello hay muchas vías, esto es, vía cotizaciones sociales con cargo a empleadores y empleados, impuestos o aportaciones; hay que buscar la fórmula mixta que considere las fuerzas políticas sociales de nuestro país".