El Gobierno de coalición PSOE-IU en la Junta de Andalucía aprobó ayer un decreto ley que pone en la diana el patrimonio inmobiliario de las entidades financieras con al menos dos decisiones muy controvertidas.

Sobre todo, la primera: la Junta anunció como novedad inesperada que el decreto ley permitirá la expropiación a las entidades financieras de las viviendas desahuciadas a personas con problemas económicos sobrevenidos o en riesgo de exclusión social. Y dos, como ya se había avanzado, la Junta multará a estas mismas entidades y a las inmobiliarias si no ponen en alquiler sus viviendas vacías. La sanción será de 9.000 euros por cada casa.

La expropiación se incorpora en una disposición adicional que habilitará a la Administración autonómica a expropiar temporalmente, durante los tres próximos años como máximo, el uso de inmuebles en procedimientos de desahucio.

Una simulación del propósito de la Junta sería como sigue: una familia no atiende a las obligaciones de la hipoteca, la entidad bancaria inicia un procedimiento y el juez tras escuchar a las partes dictamina el desahucio. La vivienda se embarga y se subasta. En ese momento entra la Junta y paga un 2% del justiprecio fijado. La Junta alude a la Ley de Expropiación Forzosa de 1954. Es decir, si el precio en subasta de un inmueble es de 60.000 euros, la Junta pagaría anualmente 1.200 euros al banco. La familia se queda en la casa y paga a la Junta un 25% de los ingresos familiares.

¿Qué familias? Se tienen que dar diversos condicionantes, la mayoría de índole económico. Las víctimas potenciales de desahucio instarán a la Junta a parar el procedimiento si demuestran que sus circunstancias económicas sufrieron un importante menoscabo y una situación de endeudamiento sobrevenido respecto a las condiciones en las que obtuvieron el préstamo. También si el desalojo puede generar la exclusión social, lo que acreditarán los servicios sociales de los ayuntamientos. El esfuerzo para atender la hipoteca se tiene que haber multiplicado por 1,5 y suponer más de un tercio de los ingresos familiares. Las familias no pueden superar tres veces el Iprem, es decir, tener ingresos de más de 1.600 euros al mes.

A las oficinas de defensa de la Administración han llegado en seis meses más de 200 personas con este problema. La intención es ofrecerles esta herramienta para que hagan frente a su situación e incluso la Junta es consciente de que puede haber un efecto llamada por las recomendaciones de las plataformas de afectados. Este año la cifra oficial de desahucios es de 45 al día y suman más de 86.000 en Andalucía desde 2007.

Pero, ¿es legal esta expropiación? La consejera de Fomento y Vivienda, Elena Cortés, quiso despejar las dudas sobre la legalidad del decreto ley y se refirió a la ley Hipotecaria y a la de Enjuiciamiento Civil. No obstante, las dudas jurídicas entre los socios de Gobierno durante la negociación de este decreto han sido diversas y resueltas casi in extremis.

La Junta descartó un posible recurso del Gobierno o de las entidades afectadas (a las que no se les ha comunicado nada, dijo Cortés), pero entre bambalinas no se está tan seguro (propiedad privada, aunque la Junta subrayó que la Carta Magna también constitucionaliza la función social de la propiedad). "Garantía jurídica plena como la luna llena", expresó gráficamente Cortés, vehemente en toda su intervención. Definió el decreto como "un cambio profundo, estructural, radical que viene a mejorar la vida de la gente" ante una emergencia social como es el derecho a la vivienda "pisoteado" y que es "papel mojado".

Sobre las viviendas vacías de las entidades bancarias e inmobilarias, en un mes se conocerá el plan de inspección y los requisitos que habrán de cumplir. Las que estén más seis meses sin habitar serán multadas con 9.000 euros si permanecen vacías, misma multa si los bancos se desentienden de los requerimientos de la Junta.

Habrá un nuevo registro de viviendas deshabitadas. La Junta calcula que son entre 700.000 y un millón, y entre 350.000 y medio millón pertenecerían a estas entidades.

Los incentivos para particulares se conocerán antes de ocho meses, ya que se incluirán en un plan concertado. Se incentivará con medidas fiscales y un seguro contra impagos y desperfectos.