La comisión que investiga las irregularidades en la concesión de subvenciones para impartir cursos de formación ha vuelto a enredarse con el debate de si la Junta está colaborando correctamente con el envío de la documentación que se solicita. Su presidente, Julio Díaz, de Ciudadanos (C's), aseguró ayer que ha conseguido solucionar este problema al lograr "por la presión ejercida" que el Gobierno andaluz acceda a mandar los 17.000 expedientes que restan por enviar al Parlamento. Esto supondría trasladar hasta la Cámara andaluza alrededor de 27 millones de folios con carácter oficial y original de la gestión de la administración andaluza para que los diputados tengan todas las facilidades de consultar la información que contienen.

Pero el asunto seguiría siendo complejo, ya que ahora habría que crear otra comisión para articular las medidas sobre el protocolo de traslado, custodia y consulta de la documentación original. Este grupo de trabajo estaría formado por el presidente del Parlamento, el presidente de la comisión, los letrados de la Cámara y algún representante del Gobierno andaluz. Y una vez alcanzado un acuerdo entre las partes, trasladar la documentación, que tendría que llegar en "varios tráilers".

Un nuevo sistema que la oposición teme que sea una estrategia para dilatar el proceso de investigación y que todo se trate de algo pactado entre C's y el PSOE, cuyas relaciones son buenas desde que la formación naranja apoyo la investidura de la presidenta, Susana Díaz. 

Una hipótesis que Julio Díaz intentó ayer desmontar al hacer un relato de las gestiones que ha realizado en las últimas semanas para que la Junta "dejara de echar un pulso" al Parlamento.  Díaz recordó el "estupor" que le produjo un escrito del Gobierno, fechado el 21 de marzo, en el que se le comunicaba que no se iba a mandar más documentación a la comisión por "colisión entre los poderes ejecutivo y legislativo". Su respuesta fue preparar otro escrito solicitando amparo al presidente de la Cámara, del PSOE, aunque antes de presentarlo le comunicó verbalmente a éste su intención y esperó que esto sirviera de presión suficiente para que la Junta cambiara su postura. 

Algo, que según el presidente de la comisión, ha sucedido como prueba el ofrecimiento del portavoz del Gobierno andaluz de enviar los documento originales. Para Julio Díaz la nueva situación garantiza el acceso a la información solicitada, pero no evita que la Junta merezca sus críticas. "El Gobierno no ha estado a la altura", sentenció.

 La portavoz del PP, Carmen Crespo, indicó que el acuerdo logrado entre el presidente de la comisión y la Junta "se tenía que haber hecho hace cinco meses" y lamentó que la investigación "se dilate aún más". La dirigente del PP  aseguró que en la actuación de Julio Díaz  "se nota el pacto entre el PSOE y Ciudadanos".  

Crespo puntualizó que su grupo no ha reclamado 27 millones de folios sino 27.000, ya que es innecesario disponer de todos los expedientes de los cursos de formación. Precisó que su formación ha demandado 106 puntos de documentación, de los que ha recibido 29, lo que supone un 27%. 

Podemos, por su parte, criticó que la creación de una comisión para articular las medidas sobre el protocolo de traslado, custodia y consulta de la documentación original es "una maniobra de dilatación que va a entorpecer los trabajos del órgano". La diputada de Podemos Esperanza Gómez acusó al Gobierno andaluz de mantener una "actitud hostil" hacia la comisión de investigación. "Hace cinco meses que Podemos pidió dos cosas muy sencillas y fáciles de concretar, los puestos de trabajo de la Faffe y los expedientes de exoneración", recordó Gómez, antes de confirmar que todavía no disponen de dicha información. 

IU también mostró su disgusto con la medida anunciada. La comisionada Elena Cortés afirmó "sentir vergüenza ajena" por la actitud de la Junta y acusó a Susana Díaz de "echar los postigos a las ventanas" de este órgano.  La dirigente de IU puso como ejemplo los expedientes relacionados con la Faffe, que llegaron a la Cámara cuando ya habían concluido las comparecencias de los tres responsables de la extinta fundación. Cortés ironizó sobre el envío de los 17.000 expedientes originales: "Esperemos que no sea a través de la misma empresa de mudanza que ha venido haciendo el traslado de expedientes porque si es así: ¡que nos recoja Dios!".