No hay intervención pública en el último mes de la consejera de la Presidencia y portavoz del Gobierno andaluz, Mar Moreno, en la que las presuntas irregularidades en expedientes de regulación de Empleo (ERE) detectadas en la Junta no sean objeto principal de interés por parte de los periodistas. Ayer, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, Moreno volvió a someterse a una decena de preguntas sobre las últimas novedades publicadas sobre el tema de los ERE. Ante el desarrollo del caso, la consejera volvió a salvar de responsabilidad política a los ex consejeros que presidieron la Consejería de Empleo en el periodo investigado, entre 2001 y 2010. Moreno ciñó de nuevo las responsabilidades políticas por las presuntas irregularidades al ex director general de Trabajo Francisco Javier Guerrero. "La responsabilidad en cuanto a los procedimientos y en cuanto a cualquier clase de ilicitud afecta al centro directivo que lo cursa. Ésa es la regla general y saltar esa raya son cuestiones de una gran gravedad que yo no puedo suscribir porque no tengo el menor elemento para hacerlo", afirmó.

Tanto el ex consejero de Empleo y actual secretario general del PSOE de Sevilla, José Antonio Viera, (2000-2004), como el ex consejero Antonio Fernández (2004-2008) han sido directa o indirectamente introducidos en las acusaciones periodísticas y del PP. Viera, por ser el consejero en cuyo mandato se firmó el convenio que otorgó un poder discrecional y con bajo control al Instituto de Fomento de Andalucía (IFA), ahora la agencia Idea, para otorgar las ayudas a los ex trabajadores afectados por los ERE. También por el ERE concedido a la empresa en la que trabajó su cuñado, si bien el ex consejero demostró que estaba ajustado a la legalidad. Fernández, director del IFA con Viera de consejero y su sucesor, se ha visto envuelto de nuevo en la polémica esta semana por un error en la lista de trabajadores afectados por el ERE que la empresa González Byass envío a la Delegación de Empleo en Cádiz.

La fecha de incorporación de Fernández a la empresa es un año posterior a su fecha de nacimiento, el 15 de julio de 1956, si bien el error no afectó al montante de su prejubilación al haber llegado al tope permitido con los años realmente trabajados en la empresa.

La vorágine de información producida por el caso de los ERE contrasta con la calma con la que la Junta concluirá su investigación interna. De los 45 expedientes "vivos" analizados, la Junta informó a principios de febrero de que había detectado 37 irregularidades en 12 de las 30 empresas analizadas. De las otras 15 nada más se supo hasta que, ayer, Moreno fechó en esta semana el cierre de la investigación y su remisión al juzgado, tras excusarse por la complejidad de la tarea. Previsiblemente será el viernes cuando se conozcan si hay nuevas irregularidades -pólizas de seguro a personas que no han trabajado nunca en las empresas afectadas por los ERE-.

Moreno, como es habitual, también aprovechó para destacar la "reacción" y "transparencia" de la Junta, frente a lo que sería la reacción del PP, "tapar y encima salpicar a los demás". Moreno, de hecho, calificó de "acertada" la dimisión en su cargo orgánico en el PSOE de Sevilla del ex delegado de Empleo en Sevilla Antonio Rivas por el caso Mercasevilla y la confrontó con la nueva candidatura de Francisco Camps en el PP tras ser imputado en el caso Gurtel.

En paralelo a la dimisión de Rivas, ayer se conoció la renuncia a su cargo en el PSOE de Camas del ex concejal José Antonio García Prieto, relacionado con el ERE de Intersur en Morón de la Frontera de 2003. García Prieto, que nunca trabajó en esta empresa, negó que él se hubiese prejubilado.

Por su parte, el presidente del PP-A, Javier Arenas, reclamó ayer un proyecto de Ley para garantizar que las ayudas dirigidas a fomentar el empleo lleguen a su destino y anunció una comisión de vigilancia de las contrataciones, a semejanza de Madrid, si preside la Junta. El PP retomará en el pleno del Parlamento que se inicia hoy su batería de preguntas e iniciativas sobre el caso de los ERE.