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Andalucía

La Junta se enfrenta al Gobierno por las competencias del Guadalquivir

  • El Gobierno andaluz expresa su "malestar" por que el Ejecutivo central esgrima "problemas de última hora" que impiden nuevos traspasos sobre la cuenca · Chaves baraja prorrogar la encomienda que finaliza hoy.

La Junta de Andalucía ha metido el dedo en el ojo al Gobierno de la nación, en concreto al Ministerio de Política Territorial de Manuel Chaves y Gaspar Zarrías encargado de la negociación sobre el nuevo modelo para la gestión del Guadalquivir tras el varapalo que supuso la sentencia del Tribunal Constitucional que anuló las competencias exclusivas de Andalucía sobre el río.

De repente, el Gobierno andaluz se manifestó traicionado. "En los últimos días se nos han trasladado problemas que no se habían puesto en la mesa con anterioridad. La Junta quiere expresar su preocupación y malestar, porque se ha trabajado seis meses sin que esos problemas aflorasen en ningún momento", lamentó solemne la consejera de la Presidencia, Mar Moreno, en una rueda de prensa convocada de urgencia a las cinco de la tarde.

Ambas administraciones han tenido seis meses, mientras la Junta ha disfrutado de una encomienda de gestión, para diseñar un nuevo modelo de gestión que, primero y sobre todo, respete la sentencia del TC y, segundo, satisfaga las aspiraciones de la Junta  de mantener su influencia sobre el río, una pretensión compartida por el Gobierno central.

A tan sólo unas horas de la fecha límite, no hay acuerdo. Y no ya en los flecos, sino en el esqueleto mismo. La Junta entendió que ya estaba todo hecho, que había un acuerdo político, y que en una próxima comisión mixta, que se anunció para esta semana, se ultimarían los detalles sobre el traspaso de personal y los medios materiales de las nuevas competencias. Fuentes del Gobierno central comentaban en los últimos días que los pronunciamientos de los dirigentes de la Junta sobre un acuerdo cerrado eran, cuanto menos, precipitados.

Esos "problemas" esgrimidos por el Gobierno se han manifestado de más calado de lo que se presumían. Se trata de dudas sobre la validez legal de los hipotéticos nuevos traspasos, entre los que se encontrarían la gestión de los embalses y la recaudación de algunos cánones. A pesar de que Moreno quiso dotar a la queja de interinidad, porque el plazo no está cumplido, esos problemas legales parecen insalvables.

No es ninguna sorpresa. La sentencia del TC es muy clara y deja poco margen de maniobra, pese a que los responsables de la Junta insistían en la reivindicación a corto plazo con la concesión aparente del Gobierno central.

Ahora, la Junta varía de discurso y culpa al Gobierno, y sin citarlo al Ministerio de Manuel Chaves -bajo cuya presidencia se aprobó la reforma del Estatuto andaluz en 2007-, de poner sobre la mesa problemas legales no abordados con anterioridad que impiden la asunción de nuevas competencias. El traspaso propuesto por el Gobierno "está muy lejano a las funciones y los medios" que se acordó traspasar a la Junta de Andalucía en la reunión de la comisión bilateral, "el máximo órgano estatutario" de interlocución con el Gobierno central, recordó Moreno. Este traspaso se "limita" a la vigilancia de los ríos, traspasada hace un mes a Andalucía, Cataluña y Aragón.

Moreno señaló que la Junta, si bien comparte la dificultad técnica al no haber precedentes sobre este tipo de transferencias, no encuentra motivos legales, y encontró una "docena" de antecedentes, entre los que citó las transferencias del río Chanza o el Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA).

Ante la insistencia de los periodistas, Moreno descartó que la discrepancia tenga que ver con asuntos económicos o presupuestarios, rehusó pronunciarse sobre un posible enfrentamiento político entre Manuel Chaves y el presidente andaluz, José Antonio Griñán, y se sacudió las preguntas sobre la posibilidad de que esta reivindicación siga vigente tras las elecciones del 20 de noviembre. Si bien la encomienda de gestión puede prorrogarse indefinidamente, la voluntad de los gobiernos es cumplir de inmediato la sentencia del TC, dijo Moreno.

La posibilidad de una prórroga la atisbó horas antes el vicepresidente del Gobierno, Manuel Chaves. "Se está celebrando una reunión pero no se ha llegado a ningún acuerdo. La voluntad es trabajar hasta llegar a ese acuerdo. Si no se puede en las próximas horas, estudiamos prorrogar la encomienda de gestión que termina su vigencia este viernes", declaró Chaves a los periodistas en Cádiz. Fuentes del Ministerio de Política Territorial comentaron tras la afilada rueda de prensa de Moreno que se trabaja por que Andalucía tenga el máximo protagonismo posible en la gestión del Guadalquivir, pero apuntaron que la sentencia del Constitucional plantea muchas dificultades técnicas.

Los tres escenarios posibles ahora son que se llegue a un acuerdo a tiempo, que se prorrogue la encomienda -lo que debería aprobar este viernes el Consejo de Ministros- o que las competencias sobre el río las ostente de nuevo el Estado.

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