En una época en la que se habla constantemente de eliminar solapamientos del pasado, la Junta de Andalucía, algunas diputaciones regionales y grandes ayuntamientos están creando casi al mismo tiempo tribunales administrativos para que resuelvan las reclamaciones a los contratos públicos previas a la demanda judicial. Este tipo de instancia responde a la filosofía comunitaria de buscar vías de solución de conflictos mediante el arbitraje, para evitar en lo posible las reclamaciones judiciales en los tribunales contencioso administrativos. En cumplimiento de varias directivas europeas se creó un Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales en 2010 y a continuación varias comunidades autónomas constituyeron los suyos.

País Vasco y Madrid, en 2010; Aragón, Cataluña y Andalucía en 2011, y Castilla y León en 2012 han puesto en marcha tribunales administrativos regionales, que entienden de reclamaciones de litigantes en contratos de obras de más de 5 millones o de servicios de más de 200.000 euros. El tribunal andaluz empezó a funcionar en diciembre y ya ha dictado 75 resoluciones: 17 estimando la reclamación, 23 desestimándola y en 35 casos no admitiéndola. También ha atendido 19 peticiones de medidas cautelares, estimándolas en 9 casos y desestimándolas en 10.

Por consejerías, la que más reclamaciones ha generado ha sido la de Salud, con 22 por contratos de servicios y suministros; seguida de la de Agricultura y Medio Ambiente, con 12 por obras, servicios y suministros, de la Agencia de Medio Ambiente y Agua; la de Educación, por 9 relativas al Ente Público de Infraestructuras y Servicios Educativos. Este tribunal regional también ha resuelto reclamaciones presentadas por contrataciones de la Diputación de Granada, Ayuntamiento de Barbate, Comunidad de Regantes Vega Campo Baza, de Jaén, y Comunidad de Regantes del Chanzas y Piedras, de Huelva. Tiene pendiente uno de la Universidad de Granada y otro de la Diputación de Málaga.

Fuentes de la Consejería de Hacienda y Administración Pública, de la que depende este tribunal regional, informan que las universidades andaluzas van a firmar un convenio para que atienda sus reclamaciones administrativas. La Diputación de Málaga ha firmado ex profeso otro convenio para que se atendiera una reclamación, pero acto seguido ha resuelto crear el suyo propio. María Francisca Caracuel, vicepresidenta de la Diputación y diputada responsable de Economía y Hacienda justifica la decisión con dos argumentos esenciales: celeridad y precio. "Podemos dar un servicio más rápido y gratuito a los ayuntamientos de la provincia, mientras que el tribunal de la Junta cobra entre 600 y 300 euros". Los mismos argumentos ofreció a este periódico una portavoz de la Diputación de Granada, que hizo énfasis en que no tendrá coste alguno para su institución porque se cubrirá con funcionarios del área de contratación.

Caracuel explicó que en el Pleno de la Diputación de Málaga del próximo martes "se aprobará la creación del tribunal provincial por unanimidad, porque tiene el visto bueno de todos los grupos, incluidos PSOE e IU". Este tribunal malagueño tendrá una estructura flexible, con un presidente y de dos a seis vocales. El de la Junta tiene una estructura menor. En la ley de creación se dejaba abierta la posibilidad de dos vocalías, pero de momento actúa como un órgano unipersonal. La presidenta, una jurista del cuerpo de letrados de la Junta, María José Santiago, tiene a su cargo dos administrativos y una secretaría, como todo equipo.

Las tasas de este tribunal regional son de 600 euros por recurso, como las del Tribunal Central o el de la Comunidad de Madrid, que se reducen a 300 para los ayuntamientos de menos de 20.000 habitantes y son gratuitas para los de menos de 5.000. En la página web de la Consejería de Hacienda pueden verse las resoluciones del Tribunal de la Junta. La reclamación de la Diputación de Granada se presentó el 28 de marzo y se resolvió el 12 de abril; con la Semana Santa en medio son menos de 10 días laborales. No obstante el portavoz del Ayuntamiento de Marbella, Félix Romero, cuando presentó el tribunal local creado por su ayuntamiento hace dos semanas insistió en el argumento de los plazos. Según él, el de la Junta "debido a la carga de trabajo que arrastra tarda meses en resolver y esto puede generar graves perjuicios al interés municipal". Falta otro argumento a favor de un único tribunal en la región, que es la unificación de doctrina. Pero de momento se abre paso una multiplicación de servicios en una nueva institución.