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Andalucía

La Junta no detalla en su plan de ajuste la reducción de su presupuesto

  • Comunica al Gobierno que lo recorta en 2.700 millones y deja la concreción en manos del Ejecutivo andaluz que toma posesión esta semana · Ya presentó un plan de reequilibrio financiero en febrero

El ajuste en las cuentas públicas autonómicas sigue el ritmo de otras reformas. Se funciona a impulsos, no siempre acompasados entre el Gobierno y las regiones. Se mira de reojo al exterior, en particular a Francia, por si cambia el criterio del directorio europeo. Y también al interior, sobre todo a Valencia, tras las amenazas del ministro Montoro de intervenir las comunidades autónomas que no cumplan. Ayer terminaba el plazo para que los gobiernos regionales presentaran los planes de saneamiento que les exige el Ministerio de Hacienda.

La Junta de Andalucía mandó el viernes la respuesta, sin mucho detalle. Básicamente informó sobre la no disponibilidad de crédito de casi 2.700 millones de euros aprobada hace dos semanas en Consejo de Gobierno. El argumento utilizado para dar precisiones, es que se trata de un gobierno en funciones. Motivo por el cual el Ejecutivo que tome posesión esta semana deberá concretar sus políticas y cuentas en el futuro. En todo caso, fuentes de la Consejería de Hacienda consideraban ayer que han cumplido en tiempo y forma con los requerimientos del Gobierno.

Este plan de ajuste era imprescindible para entrar en el programa de pagos pendientes a proveedores, que en el caso de Andalucía suponen 2.763 millones. El Ministerio mandó el 18 de abril por correo electrónico un modelo presupuestario, que debía incluir el 1,5% de déficit para este año, con orden de devolverlo cumplimentado antes de final de abril. La Administración central tendrá así unos días, tras el puente festivo de Madrid, para analizar esas cuentas antes de la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera prevista para mitad de la semana próxima.

Los requerimientos a rellenar incluían alguna exigencia de difícil precisión. Por ejemplo, distintos datos macroeconómicos para una década, que es el tiempo en el que se devolverá el adelanto para pagar a los proveedores. Pero el propio Gobierno no tiene ese marco para 10 años: el Consejo de Ministros del pasado viernes, sólo aprobó un escenario macro de España para tres próximos años. Lo que abunda en la idea de que hay un ritmo descompensado en el control de datos en el centro y en las autonomías.

Otros requerimientos han parecido retóricos a quienes han tenido que contestar a las fichas. Por ejemplo, si se está de acuerdo con una central de compras para medicamentos, o con el cumplimiento de la directiva europea de servicios públicos, o con una reordenación del sector público. Andalucía ya tiene una central de compras de medicamentos y la autonomía ya hizo un decreto de adaptación a esa directiva europea.

La Junta, como en otras comunidades autónomas, también ha abordado una reordenación de su sector público, que fue muy polémica. Pero el Gobierno no ha precisado hasta dónde quiere llegar en este campo. La semana pasada se supo que no descarta abordar una reducción del número de ayuntamientos, al estilo de la que está en marcha en Italia. Pero no hay más precisiones.

La cifra de 2.696,8 millones que la Junta ha declarado no disponibles de su presupuesto de 32.020 millones aprobado en diciembre, no es el resultado de la exigencia del 1,5% de déficit marcada por el Gobierno. De hecho el presupuesto de este año se hizo con un déficit del 1,3%. El ajuste se debe a que la previsión de crecimiento del PIB para 2012 fue del +1% y lo más probable es que sea del -2,5%. Eso supondrá una fuerte reducción de los ingresos por impuestos, y por los fondos de Garantía y Suficiencia. También las transferencias corrientes y de capital del Estado se van a reducir en capítulos como empleo, dependencia, educación, sanidad, guarderías o becas.

Éste es el segundo plan económico financiero que la Junta manda al Gobierno en pocos meses. Antes del 17 de febrero ya mandó el de reequilibrio económico financiero. Resultó un ejercicio baldío; el Gobierno manejaba entonces una cifra de decrecimiento del PIB nacional del -0,5%, cuando en mes después admitía el triple. Ninguna de las dos partes quedó satisfecha.

A pesar de la tregua de ayer, los recelos entre las autonomías y el Gobierno continúan. Funcionan a impulsos descompensados.

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