Andalucía

La Junta descarta un nuevo recurso de Rajoy contra las 35 horas

  • Montero defiende la competencia de la comunidad para organizar la jornada de trabajo

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La Junta de Andalucía no ve motivos para que el Gobierno central vuelva a llevar al Tribunal Constitucional su organización de la jornada laboral de los empleados públicos. La consejera de Hacienda y Administración Pública, María Jesús Montero, defendió este lunes que "nadie puede poner ni la mas mínima objeción" al acuerdo consensuado con las organizaciones sindicales en la Mesa General de Negociación Común reunida esta misma mañana. "No creo que vayan a recurrrir. Y si de verdad el Gobierno central consisdera que se trata de un problema de igualdad, que regule la jornada de 35 horas para toda España", sostuvo la titular de Hacienda.

Los sindicatos ratificaron este lunes el pacto por el que se acata la sentencia del Tribunal Constitucional en contra de la aplicación de la jornada de 35 horas semanales para los empleados públicos andaluces. El Gobierno andaluz elevará la jornada laboral de sus trabajadores a las 37,5 horas semanales, de las que 35 horas serán presenciales. Las 2,5 horas restantes hasta completar las 37,5 horas del horario semanal se dedicarán, según Montero, a la preparación y organización de las tareas propias del puesto de trabajo, así como consultas y formación para el perfeccionamiento y desarrollo profesional. Estas horas tendrán la consideración de trabajo efectivo y computarán dentro de la jornada general de trabajo.

El Gobierno andaluz insiste en que no se modifican "ni turnos de trabajo ni las plantillas, ni los 7.000 puestos de trabajo" creados a raíz de la aplicación de las 35 horas. Montero agregó que el control de las tareas no presenciales será similar al que se aplica en el sector docente. "Y con el devenir de la medida, iremos ajustando", resaltó la consejera de Hacienda.

El acuerdo será ratificado mañana por el Consejo de Gobierno para su entrada en vigor inmediata, y según insistió Montero, no supone un desembolso extra para las arcas públicas.

El secretario general de la FESP-UGT-A, Antonio Tirado, considera que con este acuerdo se cumple el objetivo de aplicar las 35 horas a los trabajadores públicos. Sin embargo, incidió en que no resuelve las desigualdades retributivas entre los empleados de las administraciones en función de su lugar de trabajo. "Un navarro está mejor remunerado que un andaluz. Eso es más importante que las 35 horas", citó a modo de ejemplo.

El responsable del área de los trabajadores públicos de CCOO-A, Agustín de la Cruz, subrayó que "ya no hay planes C". "No hay previsión de que el Gobierno recurra", afirmó De la Cruz, que defendió que el acuerdo de hoy implica la recuperación del reconocimiento a las horas de formación.

Desde CSIF-A, su presidente, José Luis Heredia, sostuvo su deseo de que el pacto "sirva de punta de lanza para que todos los trabajadores, no sólo los públicos, tengan la posibilidad de acogerse a una jornada de 35 horas". Heredia admitió que se ha buscado una solución "imaginativa" para no ir en contra del fallo del Constitucional. "No queremos parecer que somos insumisos. Damos cumplimiento a la sentencia y satisfacción a los trabajadores públicos", abundó.

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