La Junta de Andalucía ha expresado su rechazo a la proposición de ley relativa a la consideración de autoridad pública del profesorado presentada por el Grupo Popular en el Parlamento por considerar que la incorporación de dicho reconocimiento a efectos penales "excede de las competencias de la comunidad autónoma".

En un acuerdo aprobado el pasado 31 de marzo, al que ha tenido acceso Europa Press, el Consejo de Gobierno manifiesta su "criterio contrario" a la toma en consideración de la proposición de ley porque, aunque comparte la necesidad de "mejorar la consideración social del profesorado andaluz y su protección", entiende que debe "tenerse en cuenta que el artículo 24 del Código Penal contiene una clara, expresa y terminante definición de lo que ha de entenderse por autoridad y por funcionario público a efectos penales". En este sentido, el Ejecutivo andaluz pone de manifiesto que, "aun cuando una persona se halle investida de la condición de autoridad, a otros efectos, por venir así dispuesto en normas pertenecientes a una de las diferentes disciplinas de las que integran el ordenamiento jurídico, no puede atribuirsele tal condición, a efectos penales, si no la tiene conforme a lo dispuesto en el citado artículo, que, como todo precepto de naturaleza penal, no puede ser objeto de interpretación extensiva ni analógica".

En consecuencia, la Junta entiende que "del artículo 24 del Código Penal no resulta la condición de autoridad pública del personal docente" y recuerda que "en todo caso la competencia exclusiva en materia penal corresponde al Estado" según el artículo 149.1.6 de la Constitución, por lo que concluye que "cualquier modificación de la definición contenida en ese precepto excedería de la competencia de la comunidad autónoma". En cualquier caso, la Junta subraya la necesidad de "introducir en los centros educativos una cultura que facilite el tratamiento eficaz de los conflictos para que no se traduzcan en un deterioro del clima escolar" y recuerda que la Ley de Educación de Andalucía incluye en su artículo 23 "medidas dirigidas a mejorar la consideración social del profesorado andaluz y su protección".

Además la Junta destaca que los decretos por los que se aprobarán los reglamentos orgánicos de los centros docentes incluyen, entre otras medidas, el "reconocimiento de la autoridad magistral y académica" del profesorado, la "calificación ante la Fiscalía como atentado de las agresiones, intimidaciones graves o resistencia activa grave cuando se hallen desempeñando las funciones de sus cargos o con ocasión de ellas" y la "asistencia psicológica y jurídica gratuita por hechos que deriven de su ejercicio profesional".

Precisamente, la pasada semana, el consejero de Educación, Francisco Álvarez de la Chica, reconoció en unas jornadas de parlamentarios socialistas que "el gran problema de la falta de reconocimiento social del profesorado" está en que "el sistema educativo es demasiado invisible", ya que "no es capaz de sacar a la luz los muchos pequeños éxitos del día a día" de los que definió como "héroes anónimos".

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