La riqueza de los 24 parques naturales andaluces es un diamante en bruto que la Junta se ha propuesto pulir para sacarle la máximo rentabilidad económica posible. La fórmula es el nuevo decreto que aprobó ayer el Consejo de Gobierno, en el que se consagra toda la gestión de estos 3,5 millones de hectáreas -el 40% de la superficie de la comunidad autónoma- que comprenden 238 municipios con una población de 2,7 millones de habitantes. Han sido precisamente estos ayuntamientos las instituciones que más presión han ejercido en su demanda de extraer todo el jugo posible a estos territorios, a veces en clara colisión con la política medioambiental del Ejecutivo andaluz.

La nueva normativa ha visto la luz tras dos años de intensas negociaciones. Su tramitación ha llegado a conocer hasta cuatro borradores. Las organizaciones ecologistas se han encargado de poner el acento en la salvaguarda del territorio, tan apetecible para el negocio inmobiliario y, por lo tanto, atractivo para las arcas consistoriales. El consejero de Medio Ambiente, José Juan Díaz Trillo, insistió ayer, al término de la reunión del Gobierno autonómico, que el nuevo decreto "no altera ni modifica las limitaciones y prohibiciones urbanísticas" porque, precisamente, dota a los 24 parques naturales de un régimen común para la realización de actividades en suelo no urbanizable. "No se baja ni un ápice", aseguró el consejero, la protección medioambiental del territorio.

Éste es el escollo, aún no salvado del todo, del nuevo decreto, que bien podría acabar en los tribunales de mano de algunos grupos ecologistas que sospechan que el documento deja "puertas abiertas" a posibles "desmanes" urbanísticos. Díaz Trillo fue lacónico a este respecto: "Si quieren recurrir están en su derecho". El consejero insistió en que las cuestiones que mayor inquietud provocaban entre los ecologistas "se han corregido y han quedado perfectamente claras".

El titular de Medio Ambiente destacó que la nueva regulación blinda las singularidades recogidas en los planes de ordenación de los recursos naturales y de uso y gestión de cada parque y en su "prevalencia" sobre los planes generales de ordenación urbana (PGOU).

Díaz Trillo destacó del nuevo decreto su elaboración, "respaldada mayoritariamente" por las juntas rectoras, patronatos y consejos de participación de los parques. Precisamente a las conclusiones de estos órganos, de las que ha brotado el documento definitivo, apeló el titular de Medio Ambiente para recalcar que entonces se pudo percibir al menos una "satisfacción moderada" entre los colectivos más reticentes con algunos puntos del decreto. "Ha sido muy participado", dijo Díaz Trillo. Más de un 60% de las alegaciones recibidas durante el proceso de información pública han sido incorporadas a la redacción definitiva del documento.

El decreto aprobado ayer entrará en vigor en el plazo de un mes, periodo durante el que se informará a los habitantes de los entornos de los parques naturales sobre su contenido y las novedades que aporta.

Para una mayor obtención de esa rentabilidad que persigue el Ejecutivo, el nuevo decreto reducir la carga burocrática, elimina duplicidades, simplifica trámites, acorta los tiempos de respuesta y establece el silencio administrativo positivo como norma general en caso de que no haya una resolución dentro los plazos establecidos. Además, el documento incorpora procedimientos abreviados de 15 días para las autorizaciones de actividades que hasta ahora requerían un proceso de dos meses. Son los que hacen mención a eventos deportivos de pesca marítima recreativa; tratamientos fitosanitarios aéreos en terrenos forestales; actividades de ocio y deporte en caminos, pistas forestales y espacios con limitación de acceso -cicloturismo y senderismo-, y las que se realizan fuera de los lugares designados para ellas en cada parque natural; acampadas nocturnas y vivaqueos, y la filmación, fotografía y grabación con uso de equipos auxiliares.

El decreto recoge además la fórmula de la comunicación previa que exime de autorizaciones para otras actividades. En cualquier caso, Medio Ambiente pondrá a disposición de los ciudadanos una herramienta informática específica de tramitación electrónica.

Las disposiciones de reducción de la carga burocrática en los parques naturales de la comunidad autónoma están enmarcadas en el proceso de adecuación de la legislación autonómica a la Directiva Europea. Esta norma comunitaria, que está dirigida a eliminar barreras admistrativas para la actividad económica, conlleva la adecuación de 17 leyes de la comunidad autónoma, así como de 92 decretos y 27 órdenes.