La Junta de Andalucía lleva mes y medio muy preocupada por la decisión del Gobierno central de recortar el límite de endeudamiento de la comunidad para 2013, hasta el punto de que en el seno del gobierno de coalición ponen en duda que se pueda cuadrar un Presupuesto con ese recorte de 2.735 millones para el próximo ejercicio. Es lo que el presidente andaluz, José Antonio Griñán, describió gráficamente el 1 de agosto como el cierre de hospitales, colegios y el despido de empleados públicos si el Gobierno no reconsidera su decisión y mantiene la capacidad de endeudamiento acordada con anterioridad. La Junta ha visto recortado su endeudamiento de 21.931 a 19.197 millones.

Tras semanas de reuniones técnicas, ayer, la consejera de Hacienda y Administración Pública, Carmen Martínez Aguayo, entrevió un halo de esperanza y así lo expresó en comisión parlamentaria: "Tenemos un punto de esperanza en que se normalicen las relaciones con la Administración General del Estado y trabajemos con una lealtad institucional que hasta ahora no ha estado presente", dijo Aguayo.

La consejera ha encontrado motivos para confiar en que el Gobierno "mueva" ese límite de endeudamiento fijado para Andalucía en 2013, que el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas dirigido por Cristóbal Montoro rebajó del 15,1% al 12,3 % del PIB, aunque precisó que no lo puede afirmar con rotundidad.

Aguayo consideró que en estas semanas los responsables del Ministerio han recapacitado, ya que "no eran plenamente conscientes de la repercusión de esa medida" en las cuentas de Andalucía, que, según la Junta, tendría un efecto más que dramático, catastrófico, para el próximo año. En las próximas semanas la Junta acometerá la elaboración de sus Presupuestos, pero antes quiere conocer las prioridades de los Presupuestos Generales del Estado, que presumiblemente se conocerán la próxima semana.

Asimismo, la consejera confió en que la Conferencia de Presidentes, que se reunirá el 2 de octubre, aborde el reparto "desequilibrado" en los objetivos de déficit para las comunidades y para la Administración del Estado, ya que el Estado "se ha apropiado de toda la flexibilidad" para cumplir el déficit dado por Bruselas.

Son tantos los frentes que mantiene abierto la Junta de Andalucía por su capacidad financiera que incluso varios miembros de su gobierno pueden permitirse diferentes apreciaciones sobre otros asuntos de la perentoria actualidad económica de la Junta. Porque si la consejera de Hacienda, y el propio presidente andaluz, llevan días destacando el cambio de trato del equipo económico de Mariano Rajoy hacia Andalucía, otros miembros del Gobierno andaluz arremetieron ayer contra Montoro por sus decisiones ante la petición económica más apremiante: liquidez para hacer frente a los numerosos impagos que tiene contraída la Administración andaluza.

Así, de las dos vías posibles, el ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, negó el miércoles la concesión de un anticipo por valor de mil millones de euros y dijo que "buena parte" de ese montante estará integrado en el Fondo de Liquidez Autonómica (FLA), conocido como fondo de rescate y que con toda probabilidad contendrá para quien lo solicite condiciones más perniciosas que el simple adelanto que solicita la Junta y que el Gobierno sí ha concedido a otras comunidades.

Salieron a criticar las declaraciones del ministro el vicepresidente y líder de IU, Diego Valderas, la consejera de la Presidencia, Susana Díaz, y el vicesecretario general del PSOE, Mario Jiménez. Aguayo, quien negocia en mesa con el Gobierno estos avatares económicos, se limitó a decir con indulgencia ante los periodistas que la Junta no renuncia al anticipo.

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