La normalización del crédito para pymes y compradores, promotores y constructores de VPO recibirá un impulso los próximos días cuando, por fin, la Consejería de Economía ponga en circulación los 1.500 millones comprometidos en avales hace un año. No se tratará de una ayuda directa. El dinero se canalizará a través de otra figura: el aval a fondos de titulización de activos. Una fórmula de financiación indirecta para bancos y cajas, por la que estos reciben una inyección de liquidez pública que tiene carácter finalista, ya que están obligados a reinvertirla en estos destinatarios.

Con esta iniciativa, la Junta da un paso en sus compromisos anticíclicos, al menos, cuantitativamente. Las 49 medidas puestas ya en funcionamiento suman 10.000 millones, y este nuevo recurso representa un 15%. Además, avanza en uno de los puntos clave incluidos en la negociación del pacto político contra la crisis y por el empleo, en cuyo debate se fijó la necesidad de resolverlo "con celeridad".

Así, la orden que regula las condiciones de estos avales -con fecha de 1 de junio y tan sólo pendiente de su publicación en BOJA- también responde a ese principio de rapidez que exige la coyuntura económica actual. Establece un marco temporal para que las entidades financieras liberen el dinero en un máximo de 24 meses, con un importe mínimo de reinversión del 30% en los primeros doce meses. Esta exigencia de agilidad también se aplicará a la propia Junta. El plazo que dispondrá para resolver la autorización del aval será de seis meses desde la fecha de solicitud, que no podrá presentarse más allá del 15 de septiembre.

Aparte de los plazos, otro de los pilares del documento son los requisitos que deben cumplir estos fondos de titulización. En la línea de avales para empresas deberán integrarse derechos de crédito, préstamos o arrendamientos financieros de los que al menos el 50% deben corresponder a pymes domiciliadas o con centros operativos en Andalucía. Y en la línea para la mejora de la financiación de VPO, al menos el 50% deben ser préstamos hipotecarios a particulares. Pero quizás la condición más importante es que "ninguno" de los préstamos cedidos para ese fondo de titulización puede estar "en situación irregular de pago por un plazo igual o superior a 30 días".

Los avales, que llegarán al 80% del importe de emisión y cuya solicitud será examinada y verificada por una comisión de evaluación, serán autorizados finalmente por el Consejo de Gobierno.

Este instrumento financiero llega justo un año después de que se aprobase su puesta en marcha, en el primer Consejo de Gobierno celebrado en Almería el 3 de junio de 2008. Pero el retraso tiene explicación. Primero, en su vinculación a la entrada en vigor de los Presupuestos andaluces de 2009. Y en segundo lugar, según explicaron fuentes de Economía, a que se ha querido dar prioridad a la liberación de 210 millones en fondos de apoyo a las pymes y que fueron aprobados a finales de abril -financiación de carácter retornable-. Una prueba de que este instrumento estaba preparado desde hace tiempo es que a principios de año la orden ya estaba lista y en manos del Consejo Consultivo para recibir el visto bueno.

Sin embargo, la tardanza no ha impedido que esta propuesta se haya convertido, aún sin estar en marcha, en una de las más publicitadas. Desde el Parlamento al pacto anticrisis, o a la reunión que el ex presidente andaluz, Manuel Chaves, mantuvo en febrero con los representantes de las cinco cajas andaluzas para pedirles, precisamente, que abrieran el grifo del crédito.

Aunque sea la primera vez que en Andalucía se apuesta por este mecanismo para paliar la restricción del crédito, no es la única experiencia en el país. La Generalitat de Cataluña viene poniéndola en práctica desde el año 2003, destinando a avales más de 7.200 millones, de los que 1.500 corresponden a este ejercicio. También hizo lo mismo el Gobierno valenciano el pasado año, aunque con una cantidad mucho más modesta, sólo 350 millones.

Mientras los ejecutivos catalán y valenciano han dirigido en exclusiva los avales al tejido empresarial, la Junta ha querido imprimir un carácter social al incluir entre los beneficiarios a los compradores de VPO. Un colectivo que aparece en el grupo de las principales víctimas de la crisis, sobre todo, aquellos que se han visto obligados a tener que renunciar a una necesidad básica, la vivienda, por falta de financiación.