Cuatro consejeros autonómicos, algo insólito, comparecieron ayer en la habitual rueda de prensa tras el Consejo de Gobierno para desgranar las medidas de impulso económico avanzadas la semana pasada por el presidente de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán. Este nuevo paquete contiene iniciativas ya planificadas para este mismo curso por el Gobierno andaluz, empaquetadas a la vuelta de las vacaciones con la premisa de la creación o el mantenimiento del empleo.

La Junta calcula 3.088 millones de euros de inversión en los próximos cinco años y se fija en los yacimientos que suponen la conservación y producción de la superficie forestal, la industria agroalimentaria, el comercio exterior y el impulso a la minería.

La actualización del Plan Forestal Andaluz hasta 2015 se lleva más del 80% de este montante, con una previsión de 2.444 millones en los próximos cinco años. Desde el anuncio del presidente hace ocho días, el PP discute sobre la oportunidad de presentar esta iniciativa como una medida anticrisis.

La actualización del plan forestal, vigente desde 1989 y que debe actualizarse cada cinco años hasta 2049, lleva pendiente desde la finalización del anterior, que comprendió el periodo 2003-2007. Ya en octubre de ese año el Consejo de Gobierno dio luz verde a su adecuación para el periodo 2008-2015. Tras diversos anuncios de plazos agotados, no fue hasta ayer cuando se aprobó como parte del paquete anticrisis. El plan 2003-2007 tenía una inversión prevista de 1.688 millones de euros, que la Junta amplía hasta los 2.069 incluyendo los ejercicios de 2008 y 2009. Un 18% menos que los 2.444 millones previstos hasta 2015.

La polémica no ha sido nunca ajena a este plan forestal y en la última década se ha constituido en un arma recurrente de la oposición para criticar la gestión de la Junta ante los incendios. En este último episodio, la guerra de cifras y su presunta debilidad financiera vuelven a ser protagonistas.

El PP aportó sus datos. La portavoz de Medio Ambiente del Grupo Popular en el Parlamento andaluz, Carolina González Vigo, expuso la semana pasada que la Junta comprometió 4.480 millones entre 2008 y 2015 y que, durante los dos primeros años, de 2008 a 2010, sólo destinó 420, por lo que la cifra restante, de 4.060 millones, se reduciría ahora a los 2.444 millones aprobados. Esos 4.800 millones a los que alude el PP darían una media en ocho años de 560 millones de euros anuales.

Lo cierto es que la Junta manejaba a principios de 2009 unas previsiones parecidas. El Consejo Andaluz de la Biodiversidad, presidido por la entonces consejera Cinta Castillo, estimó en el borrador de la adecuación del plan una inversión de 520 millones de euros en 2009, que se irían incrementando progresivamente hasta los 621 millones de euros en 2015. El plan finalmente, con sus 2.444 millones, se ha quedado en 488 millones de media en cada uno de los cinco años hasta 2015.

Quizá la presumible pérdida de las ayudas europeas para los bosques en 2013 ha influido en el montante final. La Junta aportará el 53% de esta dotación financiera, el 45% procederá de los fondos europeos y el 1,7% restante del Gobierno central.

Las críticas del PP a dicho plan forestal, al entender que recorta las inversiones respecto al plan inicial, las atribuyó el consejero de Medio Ambiente, José Juan Díaz Trillo, a que el PP "tiene una visión del campo muy limitada, más privada que pública" y de "consumo intensivo de los recursos naturales". Antes aseveró: "No se trata sólo de plantar pinos, sino que se trata de mucho más".

El consejero de Medio Ambiente, José Juan Díaz Trillo, se ofuscó con otra de las críticas lanzadas por el PP: que este plan sea un nuevo PER (Plan de Empleo Rural) que fomenta el "voto cautivo".

Ante la acusación saltó la consejera de Agricultura y Pesca, Clara Aguilera, que aprovechó para reivindicar "sin ningún complejo, ni ningún pudor" el papel que ha desempeñado el PER en el medio rural, a pesar de que "suele usarse como una crítica a Andalucía".

Aguilera anotó que el PER ha ayudado a fijar la población rural y señaló que en la década de los 50 y los 60 se perdieron 160 pueblos andaluces y en las dos décadas que lleva funcionando el PER (desde los años 80) "no se ha perdido ni un solo pueblo" frente a Galicia (uno al año), Castilla y León o Aragón.

Aguilera ya había expuesto estos ejemplos en la presentación de los 290 millones adicionales para el plan de desarrollo rural, ya aprobado, y que son cofinanciados por la Junta y el gobierno central. El presidente firmará el convenio en las próximas semanas. El Consejo de Gobierno aprobó a su vez la ley de la calidad agroalimentaria y pesquera, con el fin de apoyar a las empresas con denominación de origen o diferenciada.

Este sector, el principal del comercio exterior andaluz, también se verá apoyado por la aprobación del plan de internacionalización de las empresas, medida ya recogida en el proyecto de presupuestos de 2010. Contará con 250 millones hasta 2013 para impulsar la presencia de la economía andaluza en el exterior. Persigue crear 60.000 empleos. También se aprobó el plan de reordenación de los recursos minerales, dotado con 103 millones hasta 2013, para cerrar el primer paquete anticrisis del nuevo curso político.