El Gobierno andaluz considera que la ley de parques nacionales que recibió el visto bueno en el Congreso de los Diputados el pasado 20 de noviembre "invade competencias" y "abre la puerta a la especulación". Se trata pues de dos motivos que justifican plenamente, según destacó ayer en Madrid la consejera de Medio Ambiente, María Jesús Serrano, la interposición de un recurso ante el Tribunal Constitucional (TC) contra la norma.

Serrano, que participó en un encuentro de Medio Ambiente y Sostenibilidad, denunció que la ley de parques nacionales se apropia de las competencias que corresponden a las comunidades autónomas. La titular de Medio Ambiente puso el acento en que el TC ya dictó con anterioridad que "los parques nacionales tienen que tener una gestión desde cada comunidad autónoma".

Sin embargo, la ministra de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Isabel García Tejerina, replicó a Serrano que la norma que el Ejecutivo que preside Susana Díaz se dispone a recurrir responde a una sentencia del TC. "Precisamente el Gobierno ha modificado la ley de parques nacionales para adecuarla a una sentencia del Tribunal Constitucional en la cual dice que es el Estado quien tiene competencias en materia de coordinación, con lo cual es normal que una administración recurra una norma. Ésta lo que hace es adaptar lo que el TC otorga a la Administración General del Estado como competencias", explicó García Tejerina.

La ministra destacó que una mejora de la coordinación era "absolutamente necesaria" para una "mejor gestión" de los parques nacionales. "Había una demanda, y a través de esta mejora de coordinación se podrá tener mejor preservados las joyas del patrimonio natural, los parques, que adolecían de esta mejor gestión necesaria a través de la coordinación. Es lo que fuerza esta ley y da respuesta a una sentencia del TC", insistió García Tejerina.

Pero, además, el Gobierno autonómico considera que la norma "abre la puerta" a la especulación y a actividades que hasta ahora estaban prohibidas en unos espacios que son el culmen de la conservación. Esta es la otra pata sobre la que se sostendrá el recurso de la administración andaluza, porque "entendemos que las actividades especulativas o la caza no deben estar permitidas y la ley potencia los intereses especulativos y particulares", advirtió la consejera.

Serrano anunció que que en cuanto los servicios jurídicos estudien la ley, que saldrá publicada en el BOE, se recurrirá porque invade "competencias, no es oportuna y vuelve a abrir conflictos". La Junta ha tratado "por todos los medios" de consensuar una ley que "no es oportuna ni necesaria", ya que la norma de 2007 "sí recogía el consenso de todas las comunidades autónomas y la sentencia del Constitucional. Entendíamos que era el momento de desarrollar esa ley, no de meternos en una nueva que nace sin consenso".

Serrano recordó que sí hubo negociación con el Ministerio en este asunto y que en una reunión que mantuvo con García Tejerina se acordó una mesa de trabajo para negociar determinados aspectos y para que la ley saliera consensuada. En las reuniones de "se avanzó mucho y se llegó a diferentes acuerdos pero, al final, en el trámite parlamentario el PP introdujo una serie de enmiendas con las que no estamos de acuerdo y por lo que vamos a recurrir", dijo Serrano.