La Consejería de Fomento y Vivienda puso en funcionamiento este lunes en Sevilla la primera de las ocho oficinas de intermediación contra los desahucios previstas en todas las provincias andaluzas. La apertura de esta red de puntos de atención y asesoramiento ciudadano forma parte del Programa Andaluz en Defensa de la Vivienda anunciado en septiembre por la consejera del ramo, Elena Cortés (IU), en el Parlamento de Andalucía.

Según la Junta, esta iniciativa es "especialmente novedosa por la ruptura de la neutralidad" que supone y, en ese sentido, la delegada territorial de Fomento y Vivienda en Sevilla, Granada Santos, ha destacado que "el programa supone un giro de 180 grados en la forma de encarar el problema de la vivienda, no desde una visión mercantil, sino desde el punto de vista de la defensa del derecho y al lado de las víctimas de la crisis".

Santos insistió en que "con este tipo de medidas pretendemos abrir un nuevo camino de insumisión ante este drama social", a lo que añadió que "a la red se le sumarán medidas legales" en las que actualmente trabaja la Consejería. La delegada territorial incidió en que desde Fomento y Vivienda se mantiene un diálogo "exigente" con las entidades financieras, que "ahora están obligadas más que nunca a poner de su parte".

Esta oficina de asesoramiento ciudadano, que desde este lunes atiende ya a familias afectadas, dispone de un equipo especialmente cualificado de licenciados en derecho, administrativos y trabajadores sociales, que cuentan además con el apoyo directivo de un equipo de personal de los servicios centrales de la Consejería de Fomento y Vivienda. Este punto ofrece un servicio gratuito en tres grandes áreas, que son la prevención, la mediación y la protección de las víctimas de los desahucios.

En la fase de prevención, el personal que atiende la oficina realizará tareas de información y asesoramiento a los ciudadanos que se encuentran en la situación previa a la contratación de una hipoteca, en colaboración con la Consejería de Administración Local y Relaciones Institucionales, a través de la Dirección General de Consumo. Las funciones de intermediación se ejercerán ante las entidades financieras, acompañando a las familias que así lo soliciten y que sufran endeudamiento sobrevenido a partir de la pérdida de su empleo, asesorándolas y garantizando las mejores condiciones posibles para la liquidación de la deuda contraída.