El pin parental se ha convertido en el primer motivo de enfrentamiento entre el recién constituido Gobierno central (formado por PSOE y Unidas Podemos) y las autonomías cuyos ejecutivos están sustentados a través de acuerdos con Vox. El equipo de Pedro Sánchez puso al principio sus miras en Murcia (a la que ha dado un mes de plazo para retirar esta medida), pero a nadie escapa que Andalucía será la siguiente comunidad en la que el Ministerio de Educación se fijará para que los padres no impidan que sus hijos reciban ciertas enseñanzas en valores “transversales”, relacionadas algunas con la diversidad sexual y la igualdad de género. Un asunto que ha vuelto a poner de relieve las diferencias que Cs y Vox mantienen en Andalucía sobre políticas sociales.

La postura de la Junta

Por ahora, el principal responsable de la Educación en Andalucía, el consejero Javier Imbroda (Cs) pide “serenidad”. Sus declaraciones respecto a esta polémica se encuentran en la línea mostrada estos días por el partido naranja. Ni quitan ni dan la razón a nadie. No se sitúa en ningún frente. Quieren estar en el centro, como ha referido el vicepresidente de la Junta, Juan Marín.

En este sentido, Imbroda recuerda que los proyectos educativos que ponen en marcha los centros a inicio de curso deben contar con el visto bueno del consejo escolar, donde se encuentran representados los padres, que han de dar el consentimiento para su desarrollo. “El marco normativo actual otorga la posibilidad de decisión a las familias”, añade.

Imbroda reconoce, no obstante, que se ha contemplado la posibilidad de incluir el pin parental en Andalucía, aunque, eso sí, sólo para “actividades extracurriculares”, es decir, aquéllas que tienen lugar fuera del horario lectivo o del aula. Una medida que respondería al acuerdo alcanzado con Vox para aprobar los presupuestos de 2020.

Las actividades curriculares, la polémica

Sin embargo, este tipo de actividades siempre han requerido de la aprobación de los padres o tutores del menor para participar en ellas, lo que no ocurre con las que tienen lugar en la jornada lectiva y que son impartidas por los docentes o representantes de colectivos profesionales o sociales. Y ahí es donde surge la polémica, puesto que Vox exige la autorización de las familias para que los niños reciban estas clases, algo a lo que se opone el Ejecutivo central.

Imbroda, por ahora, defiende que los alumnos no permanezcan “aislados” de la sociedad en la que viven. Considera positivo que se eduque a los menores en el “respeto” a distintos aspectos, como la diversidad y la religiosidad. Y advierte a quienes pongan en duda la autoridad docente en dicho ámbito: “No voy a tolerar ningún gesto de desconfianza hacia nuestros maestros”.

Mientras Imbroda llama a la calma, el portavoz de VOX en el Parlamento, Alejandro Hernández, aviva más el fuego al recordar el compromiso presupuestario del Gobierno de la Junta para aplicar el pin parental, a lo que suma una advertencia: “Si no se pone en marcha, tendrá consecuencias”.

El vicepresidente de la Junta, Juan Marín, hace oídos sordos a esta amenaza y niega que la autorización de los padres fuera una exigencia para sacar adelante los presupuestos. “No se va a dar ni un solo paso atrás en ningún derecho”, resaltó Marín, quien prefiiere mirar hacia arriba y culpar de esta situación al Gobierno de Sánchez: “El PSOE es un verdadero maestro en desviar la atención sobre las necesidades de la educación pública”.

Reunión para conciliar posturas

Tras quedar patente, otra vez, el enfrentamiento entre Cs y Vox, a primera hora de la tarde de este lunes se han reunido Imbroda y Hernández. El encuentro ha finalizado con un comunicado de la Consejería de Educación en el que, con un intento de conciliar posturas, se habla del avance en las medidas para garantizar la libertad de las familias en la elección de la educación que desean para sus hijos, un derecho que ha de conciliarse con la autonomía de los centros.

El departamento de Imbroda incluye la reunión en la agenda de encuentros que el consejero mantendrá los próximos días con representantes de los distintos partidos parlamentarios para lograr el pacto social por la educación en Andalucía.

Este intento de reconciliación también llega por parte del PP. La secretaria general de los populares andaluces, Dolores López, refiere que el pin parental debe ser “objeto de diálogo”, una medida que, según López, contaría con el apoyo de muchas familias “ante la radicalización y el interés por ideologizarlo todo del Ejecutivo de Pedro Sánchez”.

La "radicalización" del PP

Susana Díaz, secretaria general del PSOE andaluz, también se suma a esta polémica y culpa a los populares de intentar reabrir un debate “de hace 40 años”. “El PP se ha convertido en un plagio de la extrema derecha”, lamentó.

Por su parte, el Sindicato de Estudiantes ha convocado para el viernes 6 de marzo una jornada de huelga contra el pin parental. Así lo ha anunciado su secretaria general, Coral Latorre, que califica la medida como “el intento de la extrema derecha de querer imponer una involución franquista salvaje en los centros de estudio”.