La Junta de Andalucía ha acusado a la juez que investiga los Expedientes de Regulación de Empleo (ERE) irregulares de causarle "indefensión" al dejar en suspenso el conflicto de jurisdicción sobre la entrega de las actas del Gobierno, una medida tomada "sin amparo legal". 

La Fiscalía Anticorrupción y el letrado de la Junta, en sendos escritos a los que ha tenido acceso Efe, han recurrido ante la Audiencia de Sevilla la decisión de la juez de dejar en suspenso el conflicto de jurisdicción y han pedido que sea tramitado de inmediato ante el Tribunal Supremo, pues la ley no prevé los pasos intermedios adoptados por la magistrada. 

La juez de instrucción 6, Mercedes Alaya, acordó en mayo pasado no tramitar de momento ante el Supremo su conflicto de jurisdicción con la Junta derivado de la negativa del Gobierno andaluz a entregar las actas de sus reuniones desde 2001, por considerarlas materia reservada. 

Argumentó la juez que la entrega de las actas está pendiente de otro recurso de la Junta ante la Audiencia provincial por el mismo tema, por lo que acordó paralizar la tramitación "por coherencia procesal, para evitar pronunciamientos inútiles o contradictorios", todo ello teniendo en cuenta que las actas "ya están salvaguardadas" pues se encuentran depositadas en un armario acorazado del edificio de los juzgados sevillano. 

Ahora, el letrado de la Junta sostiene que la suspensión no está amparada por ninguna ley y, al contrario, está "prohibida, atendiendo a la naturaleza y objeto del conflicto de jurisdicción". 

Ninguna ley permite que el conflicto "sea suspendido de forma unilateral por una de las partes contendientes, en este caso el órgano judicial", medida que equivale a "desnaturalizar" estos procesos, "haciendo depender de una de las partes contendientes la efectiva puesta en marcha del conflicto", añade el letrado Ignacio Carrasco. 

Previamente, la Junta ya recurrió la propia exigencia de las actas y la decisión de la juez de convocar a su letrado para ratificar personalmente la negativa a entregarlas. 

Además, "obligó a entregar las actas en sobres lacrados y sellados, utilizando este hecho, precisamente, para justificar la suspensión del conflicto de jurisdicción", añade el recurso de la Junta. 

Por su parte, la Fiscalía Anticorrupción, en un escrito al que ha tenido acceso Efe, recurre directamente ante la Audiencia porque la Ley Orgánica de Conflictos de Jurisdicción "no contiene previsión alguna, una vez iniciados los trámites, que permita al órgano judicial suspender el curso del procedimiento". 

Añade el fiscal que la ley "no permite que la existencia o no de un conflicto de jurisdicción sea resuelta por otro órgano distinto que el propio Tribunal de Conflictos" y además no hay riesgo de que haya "pronunciamientos contradictorios" porque la sentencia del Tribunal de Conflictos solo declarará "a quien corresponde la jurisdicción controvertida".