La acusación popular que ejerce el Partido Popular de Andalucía en el juicio del denominado "procedimiento específico" de los ERE ha pedido a la Sección Primera de la Audiencia de Sevilla que expulse al sindicato Manos Limpias del juicio, al entender que en el lugar de ejercer la acusación está "defendiendo a los acusados".

En un escrito remitido al tribunal, el PP señala que tras las "desafortunadas intervenciones" del letrado de Manos Limpias en la sesiones del juicio oral, donde ha "subvertido la condición de acusación y se ha comportado como una defensa más de los acusados, concurriendo una evidente contradicción de intereses y utilización desviada de la figura de la acusación para defender a los acusados", debe "revocarse" de la condición de parte de Manos Limpias.

El PP añade que en este caso se ha constatado que el sindicato "actúa, con abuso de derecho y en fraude de ley, mediante su desviada posición en el acto de la vista que permite dudar de su voluntad acusadora en el presente procedimiento".

Por su parte, el abogado Víctor Moreno Catena, que representa a la ex consejera de Economía Carmen Martínez Aguayo, considera que la actual alegación del PP implica "un cambio en la posición que venía manteniendo, en función del desarrollo del juicio, una decisión tomada secundum eventum litis, ajeno a la coherencia que deben mantener las partes procesales", por lo que ha concluido que la expulsión de una parte del juicio que está actuando en el juicio "no puede estar sometida a la conveniencia de quien ejerce la acusación y no le gusta las intervenciones de otro compañero de la acusación", de ahí que considere "improcedente y extemporánea" la petición del PP y pide que se rechace la petición del PP. 

Ante esta manifestación, el abogado del PP-A, Luis Garcia Navarro, ha presentado un nuevo escrito a la Sala en el que niega que se haya producido un cambio de posición de esta parte, y ha señalado que esta "falaz aseveración" a su juicio "evidencia el extremo interés de la señora Aguayo en que se mantenga a Manos Limpias como parte 'defensora' de sus intereses y no en la condición de acusación popular que ostenta", y así recuerda que en la sesión del juicio del pasado 15 de enero ya solicitó la revocación de la condición de acusación popular de este sindicato.

La Sección Primera de la Audiencia de Sevilla pidió recientemente a las partes que se pronunciaran sobre una serie de llamadas recibidas por el secretario del tribunal en las que un antiguo funcionario del ayuntamiento de Madrid aseguraba que los poderes presentados en su día por el coordinador general del sindicato Manos Limpias, Miguel Bernard, eran "totalmente falsos", porque "jamás" se habían producido juntas ni nombramientos ni asambleas.

Estas llamadas se remontan al 11 de diciembre de 2017, pero no se ha dado traslado de las mismas hasta más de dos meses después, coincidiendo con el momento en el que el abogado del sindicato, Rafael Prieto Tenor, se posicionó a favor de las defensas de los 22 ex altos cargos –y no es la primera vez que lo hace en las sesiones del juicio celebradas hasta ahora– para pedirle al tribunal que enviase al médico forense al domicilio del ex consejero de Innovación Francisco Vallejo antes de decidir si este acusados estaba en condiciones o no de comparecer en el juicio, algo a lo que finalmente accedió el tribunal y provocó la suspensión del juicio hasta mañana.

El letrado Rafael Prieto, que gracias a un préstamo personal costea su asistencia al juicio –no recibe honorarios y ha renunciado a las posibles costas del procedimiento–, ha defendido que asumió la defensa del sindicato en el caso de los ERE con la esperanza de que "podía ser útil para la sociedad, guiándose dentro de sus convicciones, por las decisiones más acordes al Evangelio".