El titular del Juzgado de Instrucción número 5 de Marbella ha ordenado la apertura de juicio oral contra la cantante Isabel Pantoja, su ex pareja y ex alcalde de Marbella, Julián Muñoz, y la ex esposa de éste, Mayte Zaldívar, y otras siete personas por la pieza separada del caso Malaya en la que se investigan, entre otros, supuestos delitos de blanqueo de capitales y cohecho.

A través de un auto, se fija una fianza para Pantoja de 3,6 millones de euros como garantía para asegurar las responsabilidades pecuniarias que puedan imponérsele. En el caso del ex alcalde, la cifra es de 7,4 millones, mientras que a Zaldívar se le pide 2,6 millones. Esta resolución será notificada personalmente a los acusados los días 13 y el 14 de octubre. 

La Fiscalía Anticorrupción solicita tres años y medio de prisión para la cantante, a la que acusa de un delito continuado de blanqueo de capitales; mientras que para el ex alcalde de Marbella, al que acusa de los delitos de cohecho pasivo y blanqueo, pide siete años y medio de cárcel y multa de 7,4 millones de euros.

En sus conclusiones provisionales, el fiscal acusa además a la ex mujer del que fuera regidor, Maite Zaldívar, también de un delito de blanqueo y para la que solicita una pena de tres años y medio de cárcel. También acusa al hermano de ésta y a otras seis personas.

La acusación señala en su calificación inicial que durante el tiempo que Muñoz estuvo vinculado con el Ayuntamiento de Marbella "logró enriquecerse haciéndose con un importante patrimonio", cuya cuantía total "se desconoce", aunque se estima en más de tres millones y medio de euros. "Parte de ese dinero lo ocultaba en el extranjero", apunta.

Para la Fiscalía, "en ningún caso" puede vincularse el origen del dinero a los ingresos conocidos, ya que, señala, mientras duró la convivencia del matrimonio Muñoz-Zaldívar -hasta aproximadamente finales de 2002 o principios de 2003, aunque la ruptura no se hiciera pública hasta celebradas las elecciones- contaban "como único sustento económico el procedente de las retribuciones de Julián Muñoz".

Una vez disuelta la unidad familiar, explica el escrito, los ingresos obtenidos por sus distintos integrantes "tampoco permiten entender que con cargo a los mismos se hubiera nutrido el patrimonio exterior", sino, al contrario, señala, "es precisamente en ese momento cuando Muñoz va a desprenderse -en parte- de los fondos que mantenía ocultos en el extranjero, haciéndolos llegar tanto a su ex mujer y su familia como a su nueva compañera sentimental", Pantoja.

La Fiscalía sostiene que en un primer momento, Muñoz "se valió de su entonces mujer, Maite Zaldívar, sus hijas y su cuñado", también acusado. Aunque añade que "emplea la misma sistemática con su nueva pareja, Isabel Pantoja, escudándose en ésta para dar salida a los fondos generados y de procedencia presuntamente delictiva". Ambas, indica, "eran perfectamente conocedoras del origen ilícito de los fondos, puesto que sabían cuáles eran las fuentes de sus ingresos lícitos".

Al mismo tiempo, precisa, las dos "conocían la implicación del mismo en numerosos procedimientos penales por delitos de corrupción administrativa de contenido económico", pese a lo que "se prestaron, cada una en su momento, para servir de cobertura al ocultamiento de los bienes y el dinero adquiridos ilícitamente por Julián Muñoz".

La acusación pública mantiene que Zaldívar presuntamente habría blanqueado 1,3 millones de euros y añade que "no sólo ha contado con esa inyección económica procedente de los fondos que su marido ocultaba en el extranjero", sino que también tuvo dinero en efectivo, "que estaba, según sus propias manifestaciones, en su casa y que se llevó cuando decidió salir de su domicilio a consecuencia de la ruptura matrimonial".

En cuanto a la tonadillera, se estima en 1,8 millones de euros la cantidad que habría sido "reciclada" por ésta, es decir, "el dinero y bienes de procedencia delictiva blanqueados". El fiscal analiza la operación de compra de la casa de la urbanización 'La Pera' y detalla la compra a la empresa Aifos de un apartamento en el hotel Guadalpín de Marbella a través de otra sociedad vinculada a la cantante.

El fiscal destaca que cuando aún no habían iniciado su relación "prácticamente no se produce ninguna operación de ingreso en efectivo", mientras que después son "muy significativos". De hecho, en 2003, "consolidada y pública la relación", se producen 29 operaciones de imposición de efectivo por importe de 293.497 euros. Además, tienen lugar operaciones de fraccionamiento, como los 10 ingresos de 3.000 euros, de los que ocho son "consecutivos y diarios".