Victorina M. P., suegra del ex director general de Trabajo de la Junta de Andalucía, Francisco Javier Guerrero, aparece como beneficiaria de una póliza en el ERE financiado por el Gobierno andaluz para SOS Cuétara sin haber trabajado nunca en esta empresa.

La suegra de Guerrero se incorporó ayer al goteo de nombres involucrados en las supuestas prejubilaciones falsas concedidas por la Consejería de Empleo desde 2001. Esta mujer figura entre los 70 intrusos detectados por Empleo en su investigación interna, que le ha llevado a indagar sobre las ayudas concedidas a trabajadores afectados por los ERE para descubrir las supuestas incompatibilidades entre pólizas y los ERE.

En paralelo, la juez de Instrucción número 6 de Sevilla, Mercedes Alaya, reclama información. La magistrada examina con lupa cada subvención que la Junta concedió a empresas durante esos nueve años después de que saltaran líneas de conexión con los ERE de la empresa municipal Mercasevilla y, sobre todo, tras la declaración policial de Guerrero, en la que advirtió de la existencia de un "fondo de reptiles", aunque más tarde se retractó.

Guerrero, según el testimonio de un testigo recogido en un informe policial enviado a la magistrada Alaya, autorizó la inclusión de Antonio Garrido Santoyo, miembro del PSOE de Jaén, en el ERE de Mercasevilla de 2007. Él lo negó. Entre los falsos prejubilados detectados hasta ahora se encuentran también el ex alcalde socialista de El Pedroso, Rafael Rosendo, y el militante del PSOE Alejandro Millán. Guerrero fue también regidor de El Pedroso entre 1995 y 1999, cuando desembarcó en la Dirección General de Trabajo, de la que salió en 2008.

Entonces, el consejero era Guillermo Gutiérrez. Luego, continuó en su cargo con José Antonio Viera (2000-2004), hoy secretario general del PSOE de Sevilla, y con Antonio Fernández, ahora presidente del Consejo Regulador de los Vinos de Jerez.

La irregularidad detectada sobre la suegra de Guerrero pertenece al primer barrido de 37 intrusos en 12 empresas del que informó la Junta a principios de febrero. Las empresas pertenecen a numerosos sectores, como el agroalimentario, metal, textil o fabricación de PET, entre otros, y con ubicación en varias provincias andaluzas, como Sevilla, Málaga, Cádiz, Huelva y Córdoba.

El jueves, el consejero de Empleo, Manuel Recio, sumó otras 33 irregularidades en otros cinco ERE investigados. En esta línea, Recio aseguró ayer durante una visita a un taller de empleo en Minas de Riotinto (Huelva) que aunque no se realizará una comisión de investigación sobre los ERE en el Parlamento andaluz, sí que habrá una comisión parlamentaria de Empleo la semana próxima, donde los distintos grupos con representación en la Cámara podrán preguntar sobre el tema tal y como ocurrió en la sesión del pasado jueves, en la que contestó "a siete preguntas orales y a una interpelación" y mostró toda la disposición para contestar "cuantas preguntas puedan existir en lo que es la gestión de la Consejería de Empleo".

Asimismo, el máximo responsable andaluz en materia de Empleo apuntó que desde la Junta se está haciendo lo que esperan los andaluces y trasladando a la Justicia cada irregularidad detectada en las ayudas públicas concedidas por su consejería. "La ciudadanía desea que no se utilice mal ni un céntimo del dinero público, el cual que tiene que ir dirigido al interés general", por lo que este consejero va a perseguir hasta el último céntimo que haya podido ser mal utilizado", afirmó el consejero.

Desde la oposición, el secretario general del PP-A, Antonio Sanz, anunció ayer que, al amparo del artículo 44 del reglamento de la Cámara andaluza, pidió ayer la comparecencia de 50 personas, entre ellas el ex presidente de la Junta Manuel Chaves, el ex consejero de la Presidencia Gaspar Zarrías y los ex consejeros de Empleo José Antonio Viera Chacón y Antonio Fernández, para "obligar" a que se investigue en el Parlamento andaluz sobre los ERE irregulares, después de que el PSOE se haya opuesto varias veces a crear una comisión de investigación. También serían citadas la ex consejera de Economía, Magdalena Álvarez. O la actual responsable de Hacienda, Carmen Martínez Aguayo. Sorprende la no inclusión en la lista del presidente de la Junta, José Antonio Griñán, a quien el PP vinculó hace dos semanas por haber ocupado la Consejería de Economía.

Sanz advirtió además que el asunto de los ERE irregulares se ha convertido en "un auténtico tsunami político que es inevitable que se lleve por delante a los máximos responsables de la Junta". También atacó a los cargos socialistas, la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, quien aseguró ayer que sólo un caso de ERE indebido en Andalucía sería suficiente para que el presidente de la Junta, José Antonio Griñán, presentara su dimisión. "Primero eran tres o cuatro ERE y ahora vamos por 70, pero sólo con uno solo habría sido suficiente para que presentara su dimisión el presidente de la Junta de Andalucía". Cospedal afirmó que el PP no desplegará jamás "fondos de reptiles" como los que supuestamente habrían financiado esos expedientes de regulación de empleo.