El ex director de Trabajo Javier Guerrero, uno de los principales imputados en la causa de los ERE fraudulentos, ha solicitado a la Junta de Andalucía que anule la suspensión provisional de funciones y de ocupación de su puesto de trabajo. Guerrero amenaza a la Junta con un nuevo pleito si no accede a su reincorporación, después de haber logrado que el TSJA le diera la razón y ordenara a la Administración a que le abonara el 75% de su salario desde que solicitó su readmisión.

El abogado Fernando de Pablo, que representa a Guerrero, ha presentado una reclamación previa a la vía Contencioso-administrativa ante la dirección general de Recursos Humanos y Función Pública de la Consejería de Hacienda, en la que denuncia "el carácter arbitrario y discriminatorio" de la Junta con su cliente, hasta el punto de que considera como una "sanción encubierta" la decisión de suspender provisionalmente su reincorporación a su puesto de trabajo. La defensa de Guerrero pone como ejemplo la situación en la que se encuentran otros 14 cargos que están "imputados en el mismo procedimiento y sobre los cuales no existe ninguna medida limitativa de suspensión de funciones".

El abogado del ex alto cargo señala que estos imputados no sólo se encuentran en el desempeño de sus funciones, sino que "se ha procedido a la búsqueda de ocupaciones o de puestos de trabajo adecuados", una medida que no se explica "ni razona" con respecto a Javier Guerrero, que es el "único que sufre la suspensión de funciones", algo que Fernando de Pablo tilda de "arbitrario y no ajustado a derecho".

Entre los imputados que, según la defensa, siguen como empleados públicos, destaca el ex viceconsejero de la Presidencia y ex director general de Presupuestos Antonio Lozano; su sucesor en la dirección general, Buenaventura Aguilera; los ex viceconsejeros de Empleo Justo Mañas y Agustín Barberá; la ex delegada de Empleo en Sevilla, Aurora Cosano, que se reincorporó a su puesto de profesora de Secundaria; el ex director de Trabajo Daniel Alberto Rivera; el ex interventor general de la Junta Manuel Gómez, y la ex asesora de Empleo María José Rofa.

Según el abogado, estas personas se encuentran prestando servicio en distintos niveles de responsabilidad en la Administración autonómica y "percibiendo sus retribuciones íntegras y, en muchos casos, con un nivel 30 consolidado", como lo tiene reconocido Guerrero por haber prestado servicio durante el tiempo exigido para ese reconocimiento.

Guerrero reclama a la Junta que levante y extinga la "suspensión provisional" que le afecta para, según argumenta en el escrito remitido a la Consejería de Hacienda, "no mantener situaciones injustas y discriminatorias entre los empleados públicos en igual situación". El ex alto cargo reclama que se le abone el "total de las retribuciones que están asignadas" a su puesto y, en todo caso, las cantidades correspondientes al nivel 30 que tiene reconocido.

El abogado del ex director de Trabajo avisa a la Junta de que, en el caso de que no acceda a esta petición, presentará la correspondiente demanda ante los juzgado de lo Contencioso-Administrativo, donde exigirá el levantamiento de la suspensión.

La Junta suspendió provisionalmente de empleo a Guerrero el 12 de enero de 2012 y en marzo de 2014 el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) estimó su recurso y le concedió el abono de las retribuciones básicas a su puesto mientras durara dicha suspensión. Desde entonces, ha pasado 35 meses suspendido a pesar de que ya no se encuentra en prisión preventiva y sólo permanece como imputado, "al igual que otros trabajadores de esa Administración Pública".

Guerrero también argumenta, para solicitar que se levante la medida, la "imprevisible finalización y enjuiciamiento" de la causa de los ERE, en la que "algunos hablan de unos diez años para el enjuiciamiento", dice la defensa, que insiste en que se le está aplicando una medida cautelar "desproporcionada e irrazonable, claramente de carácter punitivo en exceso, ya que se trata en realidad de una sanción encubierta".