La Guardia Civil ha puesto a disposición judicial a 22 personas, trece de ellas en calidad de detenidas y nueve investigadas, durante el marco de la operación Venel, mediante la que se ha desarticulado una trama responsable de un fraude masivo al Servicio Andaluz de Empleo (SAS) por valor de más de 250.000 euros. Entre los investigados se encuentran Rafael Pereiro, director gerente de los hospitales Puerta del Mar y Clínico de Puerto Real desde el 1 de noviembre de 2012; y su antecesora en el centro puertorrealeño, María Ángeles Prieto, que ocupó dicho cargo desde el 16 de marzo de 2010 hasta el 30 de octubre de 2012. A ambos se le investiga por su presunta responsabilidad en ambos centros hospitaliarios a la hora de firmar y certificar la procedencia de la facturación correspondiente al material ortopédico que se cargaba a cuenta del SAS y que no se entregaba a los pacientes, algunos de los cuales incluso habían fallecido en el momento de expedir la receta.

Fuentes de la investigación consideran que los directores gerentes habrían tenido "una actitud negligente" a la hora de vigilar el recetado de prótesis y sillas de rueda a motor. También han testificado en calidad de investigados el ex director económico administrativo del hospital de Puerto Real, la ex subdirectora económica administrativa responsable de la Unidad de Atención al Usuario y dos médicos de admisión por facilitar talonarios de recetas firmados y sellados en blanco a los administrativos, que posteriormente se las facilitaban a las ortopedias investigadas por la facturación irregular de artículos protésicos.

Además, hay trece personas detenidas, entre ellas dos administrativos del Clínico de Puerto Real y los propietarios y personal de las ortopedias implicadas, la jerezana Indalo, la marbellí Sanipedic, la Ortopedia Puerto Real y la Ortopedia Ortoglobal. A estos se les acusa de varios delitos de malversación de caudales públicos, fraude, falsificación de documento público, intrusismo profesional y pertenencia a grupo criminal.

A pesar de que ha sido la Guardia Civil quien ha llevado a cabo la operación, a instancias del Juzgado de Instrucción número 1 de Puerto Real, la primera denuncia se interpuso el 22 de mayo de 2014 en la Comisaría de la Policía Nacional de San Fernando. Fue presentada por una mujer, madre de un menor, que tuvo conocimiento a través de los inspectores sanitarios de la supuesta utilización irregular de los datos de su hijo para conseguir productos ortopédicos. Tras un año sin avances, y una treintena de declaraciones, el caso fue trasladado a la Guardia Civil de Jerez, que puso en marcha una operación que está prácticamente cerrada.

Las investigaciones detectaron una trama organizada que había facturado productos a nombre de 125 personas, a las que se suman otras a las que habían seguido cargando productos ortopédicos aun después de su fallecimiento. Aunque el fraude detectado supera los 250.000 euros, el ahorro en la dispensa de material de ortopedia desde que se detectó el mismo y se corrigieron las deficiencias supera el medio millón de euros en uno de los hospitales.